El gobierno y el sector de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medidas acordadas y avanzar en soluciones concretas.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a través de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.

En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evitar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Estamos trabajando con los gremios para avanzar en soluciones que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó.

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No obstante, Centurión reconoció que el principal condicionante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda aproximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos acumulados.

“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.

Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la aprobación del sistema de factoraje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liquidez inmediata.

La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el gobierno.

El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los mecanismos propuestos.

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“El presidente de la República es quien determina esos cambios, no será seguramente los últimos, siempre buscando la gestión de los cambios que se avecinan”, indicó Javier Giménez.

“El presidente de la Repú­blica, San­tiago Peña, ha dispuesto en la mañana de hoy (por ayer) cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas. En ese contexto, Juan José Galeano, actual asesor económico de la Presidencia, un profesio­nal con amplia experiencia y vida en la función pública, asume como ministro inte­rino de la cartera”, anunció en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de la Presi­dencia, Javier Giménez.

Con respecto a la designa­ción de un nuevo minis­tro, Giménez anunció que el mandatario se va a tomar esta Semana Santa para ana­lizar perfiles y carpetas que tiene en manos para adoptar una decisión, y definir quién sucederá a Carlos Fernández Valdovinos, a quien extendió sus agradecimientos por el trabajo realizado en la car­tera económica.

“El Gobierno de Paraguay expresa su agradecimiento al ministro Fernández Val­dovinos por su compromiso, dedicación y el trabajo reali­zado que sentó las bases del crecimiento que hoy estamos experimentando”, indicó el jefe de Gabinete.

El mismo destacó que el Gobierno está en una segunda etapa donde se debe traducir el crecimiento económico hacia el bienestar ciudadano. “Entramos en un segundo tiempo, un tiempo que nos exige consolidar lo logrado, pero al mismo tiempo forta­lecer la eficiencia del Estado y asegurar que este creci­miento se traduzca en un mayor impacto en la vida de las personas”, apuntó.

Agregó que el presidente Peña ya había anunciado el segundo tiempo que reque­rirá de “habilidades de acuerdo a los desafíos que se avecinan”, y esos desa­fíos tienen que ver con salir a acompañar la gestión del sector privado con “ajustes estratégicos, ajustes que for­talezcan la función pública”, por lo que estos cambios son normales en el gabinete, dijo.

“El presidente de la República es quien determina esos cam­bios, no será seguramente los últimos, siempre buscando la gestión de los cambios que se avecinan”, indicó.

Como parte de una estrategia de política para la segunda mitad del Gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, designó al Ing. César Alberto Riveros Llano como nuevo direc­tor general del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Este es el segundo cambio realizado en la fecha, luego del anuncio como ministro interino a Juan José Galeano, en Economía y Finanzas, en reemplazo de Car­los Fernández Valdovinos. A través del Decreto nº. 5707/26, el mandatario dispuso este cambio en el INTN, en reem­plazo de Lira Rossana Giménez Giménez, quien presentó su renuncia como directora general, cargo que venía desempe­ñándose desde agosto de 2023.

Desde la institución se destaca que los equipos técnicos trabajan de manera coordinada en territorio.

El Instituto Nacional de Desa­rrollo Rural y de la Tierra (Indert) llevó adelante un pro­ceso de titulación masiva en la colonia Araújo Cue, ubicada en el distrito de Curuguaty, departamento de Canin­deyú, tras décadas de espera por parte de sus pobladores.

Se trata de un avance larga­mente anhelado por las fami­lias del asentamiento, que durante aproximadamente 37 años aguardaron la regula­rización de sus tierras, en un proceso marcado por recla­mos sostenidos y expectati­vas transmitidas de genera­ción en generación.

Con la implementación del barrido predial masivo en la zona norte y la instalación de un nuevo punto operativo en la comunidad, el ente agra­rio busca acelerar la regulari­zación y acercar los servicios técnicos directamente a los beneficiarios.

Desde la institución se des­taca que los equipos técnicos trabajan de manera coordi­nada en territorio, con el obje­tivo de acompañar el proceso de relevamiento y asegurar que la cobertura alcance a cada familia involucrada.

El Indert sostiene que este tipo de acciones no se limita a la entrega de títulos de pro­piedad, sino que apunta a brindar seguridad jurídica, estabilidad y mejores condi­ciones de vida para las comu­nidades beneficiadas.

En ese sentido, remarcan que la regularización de tie­rras representa un paso importante para consolidar el arraigo familiar y proyec­tar un futuro con mayor cer­teza para los habitantes de la colonia.

La deuda global del Estado con proveedores del sector salud, que incluye medicamentos, insumos hospitalarios y servicios médicos, asciende a cerca de USD 1.000 millones, según representantes de la industria farmacéutica, en medio de negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir mecanismos de pago que eviten la interrupción del suministro.

El viceministro de Administración Financiera del MEF, Óscar Lovera, mantuvo una reunión con representantes del sector farmacéutico y la Comisión de Salud del Senado, en la que se analizaron alternativas financieras para saldar los compromisos pendientes, que rondan los USD 775 millones solo en medicamentos. De acuerdo con Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), el objetivo es encontrar una salida que garantice el abastecimiento y brinde previsibilidad a las empresas.

Durante el encuentro, las farmacéuticas plantearon distintas opciones de pago, mientras que el MEF expuso que actualmente se encuentra trabajando en la implementación de un esquema de factoraje como posible herramienta para canalizar los pagos. “Estamos desarrollando un instrumento que sea válido para ambas partes”, señaló Lovera tras la reunión.

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El viceministro explicó que el diseño del mecanismo aún está en proceso, ya que se debe evaluar el “apetito” del sistema financiero antes de definir los montos y condiciones de operación. En ese sentido, indicó que también se trabaja en un plan de priorización del pago de deudas, donde el sector salud figura entre los más sensibles.

Hasta el momento, el MEF no emitió una comunicación oficial sobre el esquema definitivo de cancelación de las obligaciones, mientras continúan las conversaciones con los distintos actores involucrados.

Desde el sector advierten que la definición de un mecanismo de pago es clave para evitar el riesgo de desabastecimiento, en un contexto donde la sostenibilidad financiera de los proveedores depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.

La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.

El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.

Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.

En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.

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La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.

También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.

“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.

La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.

Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.

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