Cañicultores sufren las consecuencias del frustrado proyecto de nuevo tren de molienda de Petropar en Troche.

Administración de Petropar del gobierno Abdo Benítez heredó un terraplén y un tinglado a los cañicul­tores de la zona de Mauricio José Troche, pero pagó alre­dedor de USD 6 millones por fallido tren de molienda. Mientras productores sufren las consecuencias, contratis­tas implicados en negociado especulan con cobros mul­timillonarios a la petrolera estatal.

Mientras los cañicultores sufren las consecuencias del frustrado proyecto de nuevo tren de molienda de Petro­par en Troche que el propio Mario Abdo Benítez prome­tió en su gobierno, sus contra­tistas amigos siguen inten­tando exprimir a la petrolera, pese a que incumplieron pla­zos, procedimientos y perci­bieron cobros multimillona­rios por una obra que avanzó mínimamente.

Abdo Benítez heredó enorme problema social en la mencio­nada zona de influencia de la petrolera estatal, su gobierno benefició a contratistas que no honraron el contrato y el conflicto se profundiza con requerimientos económicos a la empresa estatal que supe­ran toda lógica.

Cabe recordar que el gobierno de Abdo adjudicó la construc­ción de un tren de molienda por USD 28 millones a Inge­niería SA (EISA) que, el aná­lisis de una auditoría detectó precios totalmente sobrefac­turados. La construcción no vale más de USD 10 millones, pero enchufaron el triple a la empresa estatal en conniven­cia con empresas amigas.

El gobierno de Abdo debía ter­minar la obra en 12 meses, es decir, la misma debía estar inaugurado en diciembre del 2022. El contrato incli­nado hacia los intereses de la contratista, de entrada le ase­guró el cobro de un anticipo de USD 6 millones, con este monto dejaron un terraplén en la planta.

Por pedido del mismo Mario Abdo ingresa la empresa 8A como responsable del con­trato, porque las expectati­vas en su candidato Arnoldo Wiens le tenían confiado para disponer de recursos a su fiel estilo discrecional. Sin embargo, los resultados per­didosos de las elecciones del 2023 los dejó sin la lapicera para seguir ordeñando la ins­titución.

Al asumir la nueva adminis­tración, Petropar detectó una serie de irregularidades con una auditoría que fue­ron enviadas al Ministerio Público y se procedió a res­cisión del contrato.

El incumplimiento fue ale­voso, pero aun así los contra­tistas huérfanos del poder político anterior continua­ron con insistentes intentos para que los nuevos adminis­tradores de Petropar se pres­ten a la recepción de equipos, maquinarias, pese a que esta­ban inmersos en un montón de desprolijidades.

El acoso fue y es tal que, cual­quier documento que firmen los actuales responsable de Petropar pueden avalar el pago de USD 26 millones, inversión que las contratis­tas aducen haber realizado. Con este monto, el costo del proyecto fallido se incremen­tará de manera escandalosa.

Considerando el pago de USD 6 millones (G. 39.000 millo­nes) abonados en el período Abdo, más los USD 26 millo­nes que los contratistas dicen tener invertidos en maqui­narias en depósito, el tren de molienda terminará costando USD 32 millones, esto sin con­tar gastos extras, regulacio­nes impositivas, adendas, etc.

Es importante subrayar ade­más que los costos por las supuestas inversiones realiza­das en adquisición de piezas no se traducen propiamente al con­trato adjudicado, ya que Petro­par contrató un proyecto no la provisión de piezas ni maquina­rias sueltas o por unidad.

Petropar hoy se encuentra en una difícil situación. No puede avanzar en la licitación para la construcción de una nueva molienda, porque la empresa adjudicada inicialmente inter­puso una medida cautelar que impide el proceso licitatorio. Por cierto, este llamado tran­cado por vía judicial, sincera los costos ya que estima un monto de USD 9 millones a USD 10 millones de la cons­trucción, sin embargo, la ante­rior administración licitó por USD 28 millones cifra que sube a USD 32 millones con los requerimientos que vienen planteando.