La Federación Para­guaya de Mipymes (Fedemipymes) expresó su rechazo al pro­yecto de ley que se encuen­tra en estudio en el Senado y que propone establecer un día libre remunerado para los trabajadores en ocasión de su cumpleaños.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que esta iniciativa podría generar impactos negativos en las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen uno de los principales moto­res del empleo en el país.

El documento sostiene que, aunque la propuesta tiene una intención social posi­tiva, no considera la realidad económica del sector pro­ductivo, especialmente la de las micro, pequeñas y media­nas empresas (mipymes), que operan con márgenes financieros más reducidos que las grandes empresas.

Según el gremio, imponer nuevas obligaciones labo­rales de manera uniforme puede afectar la sostenibi­lidad de muchas empresas que ya enfrentan limitacio­nes de financiamiento y pro­ductividad.

Fedemipymes también advierte que en los últi­mos años se ha observado una tendencia a incremen­tar gradualmente los costos laborales obligatorios, a tra­vés de nuevas disposiciones legales como la incorpora­ción de feriados adicionales y ampliaciones de beneficios.

Desde la perspectiva del gre­mio, estas medidas generan un efecto acumulativo que puede afectar la competiti­vidad empresarial, reducir la generación de empleo for­mal e incluso desincentivar la formalización de peque­ños negocios.

Otro punto central del mani­fiesto es que la iniciativa podría generar una desigual­dad normativa indirecta, ya que aplicaría las mismas obligaciones a empresas de tamaños y capacidades eco­nómicas muy diferentes.

“Esta falta de diferencia­ción puede perjudicar par­ticularmente a las micro y pequeñas empresas, donde cualquier aumento de cos­tos tiene un impacto propor­cionalmente mayor que en compañías de gran escala”, argumentan.

En ese sentido, la federa­ción plantea que los bene­ficios laborales adicionales deberían surgir a partir de acuerdos entre empleado­res y trabajadores, dentro de cada empresa o sector, y no mediante una imposición legal general. Según el mani­fiesto, este tipo de decisiones debería adaptarse a la reali­dad económica de cada orga­nización y a su capacidad de cumplimiento.