El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Hei­secke, destacó que el nuevo mecanismo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sal­dar la deuda con contratistas del Estado abre una alterna­tiva financiera para el sector, aunque advirtió que la limi­tada disponibilidad presu­puestaria podría ralentizar la ejecución de obras. Así lo señaló durante una entre­vista a la 970 AM Universo/Nación Media.

Según explicó, el esquema contempla el uso de certifi­cados de obra respaldados con garantía soberana del Estado, lo que permitirá a las empresas constructoras pre­sentar dichos documentos ante los bancos para obtener liquidez. El objetivo inicial es cubrir una parte equivalente a USD 150 millones del total, correspondientes a compro­misos pendientes de 2025 mediante un sistema de fac­toraje financiero.

Heisecke detalló que, bajo este mecanismo, los bancos financiarían al Estado a un plazo cercano a tres años. Esto implicaría que solo una parte del monto impactaría en el presupuesto 2026 estimado en unos USD 50 millones, mientras el saldo se distribui­ría en ejercicios posteriores, lo que ayudaría a aliviar la pre­sión fiscal inmediata.

No obstante, el titular de Capaco indicó que aún deben definirse aspectos técnicos, especialmente las tasas que aplicarán las entidades finan­cieras. Señaló que, actual­mente, los créditos para el sector de la construcción en guaraníes oscilan entre 14 % y 17 %, aunque confía en que la garantía estatal contribuya a reducir esos costos.

También reconoció que la situación fiscal obliga a moderar el ritmo de ejecu­ción de proyectos públicos, lo que puede generar difi­cultades para cumplir cro­nogramas contractuales. Sin embargo, consideró que la propuesta del MEF repre­senta “una ventana” para mantener la continuidad de las obras en un contexto financiero complejo.

Finalmente, subrayó que el sector constructor seguirá analizando el impacto del sistema y negociando con­diciones que permitan com­patibilizar los intereses de las empresas, los bancos y el Estado, con el fin de pre­servar la actividad y evitar mayores retrasos en infraes­tructura pública.