Con la reciente regla­mentación de la Ley de Alianza Público Privada (APP), el Gobierno busca capitalizar el grado de inversión alcanzado por el país y dar un nuevo impulso a las inversiones en infraes­tructura, con impacto directo en la calidad de los servi­cios públicos y en el creci­miento económico y social.

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.° 5441/2026, que reglamenta la Ley n.° 7452/2025. Desde el Minis­terio de Economía y Finanzas (MEF) destacan que la nor­mativa establece reglas más claras y previsibles para el desarrollo de proyectos bajo el esquema de participación público-privada.

La reglamentación apunta a ordenar y agilizar los pro­cesos vinculados a obras de infraestructura con finan­ciamiento privado, forta­leciendo la participación del sector privado y mejo­rando las condiciones para la estructuración de iniciativas estratégicas. El decreto es el resultado de un trabajo coor­dinado entre instituciones públicas y privadas, y fija un marco operativo más preciso para la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios provis­tos al Estado. Entre los prin­cipales avances se incluyen indicadores de desempeño financieros y operativos, con énfasis en la sostenibili­dad fiscal y la transparencia. Asimismo, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al MEF funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyec­tos, en coordinación con las demás entidades públicas.

La normativa también incorpora mecanismos específicos para la gestión de riesgos, la terminación anti­cipada de contratos y la pro­tección del interés público. A esto se suman novedades como el análisis de idonei­dad temprana de los proyec­tos, mayor claridad en plazos y requisitos procedimenta­les, reglas para casos de ofe­rente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desem­peño y auditorías interna­cionales.

Desde el ámbito económico, la reglamenta­ción llega en un momento clave. Con un mejor posicio­namiento del país ante los mercados internacionales, el objetivo es destrabar proyec­tos de infraestructura priori­tarios, atraer capital privado y consolidar un entorno de negocios con reglas claras, que genere confianza tanto en los inversionistas como en la ciudadanía.