El presidente de la República, San­tiago Peña, anun­ció la firma del Decreto n.° 5441, que reglamenta la Ley n.° 7452/25, normativa que moderniza el modelo de participación público-pri­vada (APP) con el objetivo de potenciar la cooperación entre el Estado y el sector pri­vado, fortalecer la seguridad jurídica y dinamizar la inver­sión en infraestructura.

El Decreto n.° 5441 regla­menta la Ley n.° 7452/25, que actualiza el régimen de participación público-pri­vada, amplía el espacio fiscal y busca atraer mayor inver­sión privada en proyectos de infraestructura y servi­cios públicos. A través de su cuenta oficial en X, el man­datario destacó que la regla­mentación incorpora los aprendizajes acumulados en los diez años de vigencia del modelo APP, así como la evolución de estas experien­cias a nivel internacional. “Esta normativa moderniza nuestro modelo de inversión, integrando los aprendiza­jes ganados para garantizar seguridad jurídica y dina­mismo”, expresó.

La ley incorpora ajustes rele­vantes para fortalecer la via­bilidad financiera y operativa de los proyectos APP. Entre ellos, se amplía el espacio fis­cal destinado a estos contra­tos del 2 % al 4 % del PIB, con la posibilidad de una amplia­ción adicional sujeta a evalua­ción del Ministerio de Eco­nomía y Finanzas (MEF). En cuanto a las iniciativas pri­vadas, se incrementa la par­ticipación del Estado hasta un 25 % del valor presente del costo total del proyecto, permitiendo que los aportes públicos se apliquen tanto en la etapa de construcción como en la de operación y manteni­miento.

Otro punto clave es la incor­poración del derecho de tanteo para los proponentes de ini­ciativas privadas, que podrán igualar la mejor oferta siem­pre que su propuesta original no haya sido materialmente más cara, dentro de un umbral que oscilará entre el 3 % y el 10 %, según lo establecido en los pliegos. También se ajustan las incompatibilidades para ser oferente, estableciendo que no podrán participar quienes hayan sido condenados por incumplimiento de contrato con el Estado en los últimos cinco años.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca fortalecer el atractivo del Paraguay para la inversión privada, acelerar el desarrollo de infraestruc­tura estratégica y mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, bajo un esquema de cooperación público privada más moderno y previsible.