A través del Decreto n.º 5221, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional el proceso de acercamiento de Paraguay a la Organización para la Coo­peración y el Desarrollo Eco­nómicos (Ocde), con miras a la obtención de una membre­sía plena.

Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que el proceso de vin­culación se inició en el año 2023 y se desarrolla en el marco del Programa País, aprobado por el Consejo de la Ocde. Este pro­grama contempla la realización de una serie de estudios y eva­luaciones orientados a analizar las políticas públicas y el marco normativo nacional, así como su grado de alineación con los estándares internacionales promovidos por la organiza­ción.

En este contexto, el decreto faculta al MEF, en coordi­nación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a llevar adelante las acciones de coordinación, gestión técnica y articula­ción interinstitucional nece­sarias para la implementa­ción del Programa País Ocde. Esto incluye la convocatoria a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), así como a otros actores relevantes.

También se establece que los OEE dependientes del Poder Ejecutivo que sean convocados en el marco del Programa País con la Ocde deberán designar, mediante resolución institucional, a sus representantes titulares y alternos para integrar los grupos de trabajo que se con­formen.

El decreto también instruye a todas las instituciones y ministerios del Ejecutivo a arbitrar los medios nece­sarios para colaborar con el MEF y el MRE en los tra­bajos que se desarrollen en el marco del proceso de acercamiento a la Ocde, con miras a una futura membre­sía plena. La adhesión a la Ocde permitirá posicionar internacionalmente a Para­guay como un país confia­ble, con políticas públicas alineadas a los más altos estándares de gobernanza y desarrollo. Este avance complementa el reciente logro del grado de inver­sión y constituye un sello de calidad institucional que reafirma el compromiso del país con las mejores prácti­cas internacionales.

La Ocde aborda áreas estraté­gicas como educación, salud, financiamiento, protección social, medioambiente, legis­lación laboral y gobernanza. Su adopción representa un paso clave en la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional del Paraguay.