El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, advirtió que el sis­tema financiero paraguayo estaría atravesando por “fra­gilidades”. Al respecto, el Sin­dicato de Graduados Univer­sitarios del Banco Central del Paraguay emitió un comuni­cado en el que afirma que las declaraciones de Cantero dis­torsionan la realidad y des­conocen la labor profesional y competente de los funcio­narios del BCP.

Consideran que sus manifestaciones res­ponden a un “reposiciona­miento político personal” y un “oportunismo” por temas que él jamás impulsó o lideró durante su gestión. El sindi­cato sostiene que fueron los funcionarios técnicos quie­nes sostuvieron con profesio­nalismo, rigor y compromiso: la estabilidad macroeconó­mica, la calidad técnica y el pleno cumplimiento del man­dato institucional.

Esto contrasta con la gestión del extitular del BCP, seña­lando que este se enfocó en “proyectos culturales, inter­venciones urbanísticas” (como plantar arbolitos) y otras ini­ciativas ajenas al rol esen­cial del BCP, mientras que el cuerpo técnico garantizó la conducción de la política monetaria y la supervisión del sistema financiero. “Las reco­mendaciones actuales de Can­tero (sobre reformas, liquidez, deuda, etc.) pudieron haberse impulsado mientras él era pre­sidente. Se acusa a su liderazgo en materia económica de ser ausente, débil y desconectado de las prioridades. Pretender ser referente técnico ahora se considera un acto de incohe­rencia”, refiere el documento.

Además, se debe tener en cuenta que durante el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez, 2018-2023, hubo deficiencias en materia eco­nómica como el bajo creci­miento de la economía. En efecto, el producto interno bruto (PIB) per cápita creció solo un 0,4 % entre 2018-2022, un nivel comparable a perio­dos de inestabilidad política y económica en los años 90 y principios de 2000. También, se dio una excepción a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que establece un tope de 1,5 % del PIB, por primera vez desde su aplicación.

El Gobierno decidió no aplicar la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que llevó a un déficit del 2,8 % del PIB, el más alto desde 1999. En cuanto al endeudamiento, en cinco años se contrajeron nuevos préstamos y obligacio­nes por USD 7.960 millones. El Gobierno terminó su ges­tión sin reconocer deudas con proveedores por más de USD 500 millones, que debieron ser asumidas por el gobierno actual.

Entre otros cuestiona­mientos, se realizaron nom­bramientos en el Directorio del BCP que no respetaron la independencia de la institu­ción. Esto generó conflictos de intereses, afectando dere­chos laborales de funcionarios y provocando renuncias de técnicos experimentados, lo que debilitó el capital humano de la institución.

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