La reforma del trans­porte público cuenta con seis pilares que busca reorganizar itinera­rios, renovar la flota y mejorar la infraestructura urbana, según la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. El objetivo es devolver la dig­nidad al usuario apuntando a solucionar las raíces de la problemática.

La ministra Centurión y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández comen­taron en el programa Arriba Hoy, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, los alcances del pro­yecto de ley que busca refor­mar el transporte público en el área metropolitana.

De acuerdo con la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto de ley se sostiene en 6 pilares fundamentales relacionados con la gober­nanza, la renovación del par­que motor, estrategias con­tractuales que permitan el ingreso a nuevos actores y corrección de distorsiones en el mercado, así como infraes­tructura, tecnología y servi­cio continuo, los siete días de la semana.

“Todo esto se hace, además, con una mirada donde el Estado está muy presente en la organización, en la recto­ría y, cómo no, en el esfuerzo fiscal también para llevar adelante el proyecto, como se hace en todas partes del mundo. Es así, el Estado aporta con infraestructura, aporta la compra de material rodante y se aspira a que la operación pueda ser renta­ble, por eso el rol del Estado es fundamental”, dijo.

Por su parte, el viceministro Fernández manifestó que la reforma es impostergable y que entre los cambios más destacados está la reorganiza­ción de los troncales, con rutas alimentadoras, con lo que se reduciría de 36 a 8 empresas operadoras.

“El Estado tiene que corre­gir esta falla estructural del sistema y volver a bara­jar los corredores y licitar de vuelta para dar alternativa que entren inclusive nuevos jugadores o que los mismos que están se agrupen, se con­sorcien y trabajen en la nueva regla. Entonces el inicio de todo esto es un proceso de lici­tación de corredores”, men­cionó. Fernández también manifestó que la ley no esta­blece que el Estado necesaria­mente debe adquirir las uni­dades, sino que se trata solo de una opción, ya que se contem­pla que el sector privado los pueda comprar por su cuenta.

“El Estado tiene la potestad de ser jugador, puede ser ope­rador y proveedor de la flota. Es una ley marco, no un pro­yecto de inversión ni de com­pra de buses”, sostuvo.