El director de Jubila­ciones y Pensiones del Ministerio de Econo­mía y Finanzas (MEF), Jorge Delgado, explicó que hoy la relación entre aportantes y jubilados no es suficiente, especialmente porque ciertos sectores acceden a la jubila­ción con condiciones diferen­ciales de edad o con mecanis­mos de equiparación anuales, lo que agrava la tensión finan­ciera de la caja.

“Tenemos registros de docen­tes que se han jubilado con 42 años o 45 años, y seguimos recibiendo pedidos con ese rango de edad. Ellos tienen un requisito mínimo de aporte de 25 años”, señaló Delgado en la radio 1000 AM. Remarcó que la regla ideal es que exis­tan 6 aportantes para cada jubilado. Insistió en que un problema transversal es que se disminuye la cantidad de aportantes porque se jubilan a temprana edad y eso incre­menta el gasto. Respecto al déficit de la Caja Fiscal, pre­cisó que hoy ronda los USD 153 millones y al cierre del año, según las proyecciones que manejan, podría aumen­tar casi el doble, es decir, USD 300 millones.

El director de Jubilaciones contó en detalles que hoy las condiciones para las fuerzas públicas son específicas, con 30 años de servicio ya esta­rían pasando a retiro y con 50 años promedio, con el 100 % de la jerarquía, se le asigna la última categoría vigente. “Dentro de la administra­ción pública tenemos varios regímenes especiales que fueron creándose desde el 2018. Tenemos a los médicos, enfermeras, guardaparques y bioquímicos que tienen una condición diferenciada. Pue­den retirarse con un 90 % de tasa de sustitución a los 55 años de edad, con 25 años de aporte”, señaló.

El ministro Carlos Fernández Valdovinos expresó en reiteradas ocasiones que la presentación del proyecto para reformar la caja se haría a fin de año. Durante el informe de Situación Financiera (Situfin) del MEF, el viceministro de Economía, Felipe Gonzá­lez, mencionó que cuentan con una hoja de ruta traba­jada y que próximamente se presentarán estudios de caso sobre reformas previ­sionales ejecutadas en otros países.

“Considerando las reformas que tengan el mayor impacto y garanticen la sostenibi­lidad del sistema de jubila­ción y pensiones del sector público, pero que también sea una reforma que tenga el mayor consenso posible entre los que están involucrados en el sistema”, manifestó.