• Por Rodolfo Sosa

La nueva Ley de Sis­tema Nacional de Pagos, promulgada por la Presidencia de la Repú­blica, busca revolucionar el mercado de pagos digitales en Paraguay, principalmente en favor del usuario. Esta nor­mativa aparece en un contexto en el que el pago en efectivo dio paso al pago digital y se hace patente con el incremento de las transferencias, pagos desde los smartphones y la aparición de cada vez más sistemas finan­cieros digitales (fintechs).

De hecho, desde la Cámara Paraguaya de Comercio Elec­trónico (Capace) señalan que 6 de cada 10 paraguayos ya rea­liza pagos con su celular y más de 100.000 comercios ya acep­tan métodos de pago electró­nico, siguiendo la tendencia de los negocios cada vez más digitales. De acuerdo con datos del Banco Central del Para­guay (BCP), al cierre de mayo, el Sistema de Pagos Instantá­neos (SPI) del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) registró más de 114 millones de opera­ciones, moviendo un volumen de dinero de G. 47 billones.

En este marco, desde la Sub­gerencia General de Operacio­nes Financieras del BCP res­pondieron a La Nación/Nación Media que la nueva ley de pagos busca constituirse como una pieza estratégica clave para modernizar el ecosistema financiero nacional, conso­lidando un sistema de pagos digital, interoperable, seguro, competitivo e inclusivo. “Esta visión estratégica se orienta a acompañar la transformación tecnológica del sistema finan­ciero, garantizar igualdad de condiciones para todos los par­ticipantes y facilitar el acceso universal a servicios de pago eficientes”, explicaron.

Para la banca matriz, son cinco los pilares de la ley: la digita­lización, la inclusión, la interoperabilidad, la competitivi­dad y la seguridad. El resultado que espera la institución es el reconocimiento y regulación de nuevos actores como fintechs y proveedores de pagos.

La presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (Aso­ban), Liz Crámer, explicó a La Nación que el sector estuvo de acuerdo desde el principio con la iniciativa de la banca matriz, salvo con el artículo 4 inciso e de la ley ya promulgada. El punto en cuestión refiere que cuando una persona física o jurídica o dos personas distin­tas, pero vinculadas o contro­ladas participen simultánea­mente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional, orga­nizacional, contable y en proce­sos de toma de decisiones.

Además, el inciso E señala que la banca matriz podrá requerir a entidades involucradas la pre­sentación de un plan de sepa­ración estructural, quedando facultado para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo con base en criterios de eficiencia, transparencia y resguardo del interés público. “La competiti­vidad se da por una cuestión de economía de escala en toda rea­lidad económica empresarial, de ahí es que habíamos pedido el tiempo para entender el artí­culo 4 inciso E, porque creemos que esa competitividad podría estar amenazada”, dijo Crámer.

El vicepresidente de la Capace, Pablo Díaz Guerin, explicó a La Nación que están de acuerdo con la ley, pero consideran que el papel de operador, supervisor y regulador que tendrá el BCP deberá ser flexible para permi­tir que se mantenga la innova­ción que permita al sector con­tinuar con el crecimiento que experimenta. “La innovación no suele prosperar en entor­nos hiperregulados. Y para ello se necesita un marco flexible que permita a la gente crecer y ser tratada como bancos tra­dicionales. El desafío está jus­tamente en que la centraliza­ción no se traduzca en un freno a la agilidad, sino en un orden y colaboración”, mencionó. Por su parte, ante este punto, desde el BCP manifestaron que la ampliación de sus facul­tades no busca imponer cargas regulatorias innecesarias, sino dotar al sistema de pagos de un marco normativo que garantice seguridad, equidad y eficiencia sin frenar la innovación. Igual­mente, aseguraron que esta nueva autoridad será ejercida con un enfoque moderno, téc­nico y proporcional, centrado en el riesgo y alineado con las mejores prácticas internacio­nales. “El fortalecimiento de las atribuciones del BCP con­tribuirá a construir un ecosis­tema de pagos más robusto, inclusivo y preparado para los desafíos de la economía digital, donde la regulación acompañe el progreso tecnológico sin inhi­birlo”, señalaron desde la banca matriz.

Tanto la Asoban como la Capace manifestaron que tienen altas expectativas para la reglamen­tación y confían en que el pro­ceso con el BCP se realizará de forma técnica e inclusiva con los sectores involucrados.

“Ahora se viene la etapa de reglamentación, y estaremos atentos al modelo de trabajo que proponga la banca matriz. Es una fase que exigirá un alto nivel técnico, para la cual con­tamos con excelentes profe­sionales. Confiamos en que el proceso se lleve adelante con el rigor técnico necesario y con una mirada que contemple la valiosa experiencia internacio­nal sobre el funcionamiento de los medios de pago en el mundo también desde la mirada de las instituciones financieras priva­das”, sostuvo Crámer.

Por su parte, Díaz Guerin manifestó que la reglamenta­ción deberá girar en tres ejes fundamentales: una propor­cionalidad regulatoria, ya que no todas las fintechs son igua­les, la participación gremial y multisectorial y la transparen­cia en los criterios de acceso e interoperabilidad. Desde el BCP garantizaron que habrá diálogo fluido en el proceso de la reglamentación, prome­tiendo apertura, transparen­cia y orientado al consenso. “El BCP seguirá concentrado en mantener un enfoque parti­cipativo, transparente y orien­tado al consenso en el proceso de elaboración de reglamenta­ciones de leyes siempre en el marco de las normas y prin­cipios establecidos en la ley”, aseguraron a LN.

En general, los actores del sector están de acuerdo con el espíritu de la ley, aunque con discrepancias en cuanto al rol regulador del BCP. Todos con­sideran que el sector necesita una normativa que permita al segmento continuar por la senda del crecimiento con mayores estándares de cali­dad y seguridad.