• Por Sofía Céspedes
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Los cambios hechos a la Ley de Alianza Público Privada (APP) Paraguay contribuirán a cap­tar las inversiones que el país precisa en infraestructura, así como a generar mayor eficien­cia para el sector privado, que se reflejará en una mejora del gasto público. Así lo destacaron representantes de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y el Club de Ejecutivos a La Nación/Nación Media.

La norma es un paso clave para el crecimiento económico del país, sostuvo el presidente de la República, Santiago Peña, al promulgar la Ley 7452 “de modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”.

Esta nueva normativa, cuya iniciativa nació del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF), reemplaza a la ante­rior (5102/2013) tras los cam­bios. Entre ellos, el incremento del límite del aporte finan­ciero del Estado a los proyec­tos, anteriormente del 10 % y actualmente al 25 %, del costo total de la obra. Este porcentaje podría aumentar, según lo que disponga el MEF.

También el aumento del tope de la cantidad de proyectos que se pueden financiar con esta modalidad del 2 % al 4 % del producto interno bruto (PIB) es otro de los cambios. Este 4 % representa en núme­ros, USD 1.700 millones, y per­mite al Estado financiar más de dos proyectos de gran enverga­dura. Esta normativa estipula un monto mínimo de inversión para que un proyecto pueda ser considerado para una alianza público-privada (APP), equi­valente a 12.500 salarios míni­mos. Es decir que el proyecto debe ser lo suficientemente grande como para justificar esta modalidad de financia­miento.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), ingeniero Paul Sarubbi, dijo que están contentos de que se haya trabajado para perfeccio­nar la ley de APP a fin de conse­guir más inversiones que el país necesita. Al respecto, señaló que Paraguay tiene produc­ción, energía y mucha mano de obra, pero por falta de con­diciones, muchas veces no se obtienen inversiones acorde a sus necesidades. “En nues­tro país hay mucha infraes­tructura para poder invertir, pero no menos de USD 1.500 o USD 1.800 millones, que es el 4 % del PIB. Y estamos lejos de poder llegar a eso. Entonces, este tipo de leyes creo que pue­den compensar lo que el Estado no puede invertir por falta de recursos”, manifestó Sarubbi a La Nación.

El representante del gremio aseguró que Paraguay tiene un futuro muy prometedor, pero el Estado también debe seguir mejorando en el gasto público, y tener en orden las finanzas, sin descuidar la inversión pública, ya que actualmente existe un déficit importante.

“Se tienen que bajar los gas­tos corrientes e invertir en más infraestructura para que vaya menguando este déficit de infraestructura”, enfatizó. Cavialpa junto con otros gre­mios de la construcción tra­bajaron en las modificaciones de la ley y lo seguirán haciendo para su reglamentación.

La directora del Club de Ejecu­tivos, Laura Ramos King, dio su parecer respecto a la ley de APP. Afirmó a La Nación que todas las mejoras que se reali­cen son cambios que generan mayor eficiencia para el sector privado y, por ende, una mejora en el gasto público. “Esto es por­que en la normativa se modificó la ampliación de los plazos para las licitaciones, lo que permitirá diluir los costos de las obras a lo largo del tiempo, y así evitar que resulten demasiado onerosas para el sector privado y por lo tanto para el sector público”, expresó.

Teniendo en cuenta lo que con­tribuirá la modalidad al desa­rrollo del país, Ramos King señaló que una ley que faci­lita el proceso de contratación de obras, dando facilidades al sector privado, incentiva sus­tancialmente el desarrollo del país. Según su apreciación, es fundamental para toda econo­mía tener una infraestructura acorde a los nuevos tiempos, pero que sin el impulso y mejora continua a esta unión de ambos sectores no sería posible.

“Además de esta ley, si logra­mos dar seguridad jurídica a los inversores, ya sean estos nacio­nales o extranjeros, lograría­mos crecer aún más con todo el potencial que tenemos por la confianza generada, así como tener credibilidad, las cuales son cruciales. Como podemos observar en países más desa­rrollados, si no se ven las conse­cuencias ante una transgresión de las normas no habrá respeto a las mismas, y por lo tanto, no tendremos oportunidad de ser hub regional”, aseveró.

Hay que señalar que la dupli­cación y ampliación de la ruta PY02 es el primer contrato eje­cutado en el país bajo la modali­dad de alianza público privada. Los trabajos iniciaron en agosto de 2019. Fueron empleadas de forma directa 1.400 colaborado­res y de forma indirecta 4.000, según datos de las constructo­ras encargadas Sacyr Concesio­nes y el consorcio Rutas del Este.

Esta vía tiene un impacto sobre nueve municipios de tres depar­tamentos del país y renovó el corredor logístico hacia Bra­sil, por donde se mueve más del 60 % de la actividad eco­nómica de Paraguay. Además de la reducción del tiempo de desplazamiento, existe mayor estándar de seguridad para los 20.000 usuarios que la utilizan diariamente.