El acuerdo entre el Mer­cosur y la Unión Euro­pea sigue siendo un tema de controversia en dife­rentes sectores. A criterio del abogado Manuel Riera Escu­dero, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) debe sentar postura en rechazo al docu­mento.

A través de un hijo en su cuenta de X, el abogado Riera Escudero expuso sus argumentos por los cuales considera que la ARP debe defender a sus asociados rechazando la pretensión de incorporar a la legislación nacional –directamente o vía Mercosur– el Reglamento UE 2023/1115, bajo el pretexto de apoyo a la producción sos­tenible.

Sobre el punto indicó que acompañar la pretensión de la UE implicará “frenar el desarrollo del país”; en rela­ción con la carne, “para que la ganadería nacional conserve un mercado que representa solo el 5 % de las exportacio­nes de carne del país”.

Indicó que a través de la tra­zabilidad socio-ambiental la propuesta de la UE pretende prohibir el ingreso de pro­ductos provenientes de zonas deforestadas o con degrada­ción forestal. “Aprobar la pro­puesta de la UE amenazará el desarrollo de la región Orien­tal y condenará el futuro del Chaco paraguayo, además de sentar un precedente peli­groso delegando soberanía”, sostuvo.

Agregó que la UE pretende que, “a costa de nuestra pobreza, conservemos áreas boscosas que los europeos hace muchos años elimina­ron, para reducir emisiones GEI que son ellos, los euro­peos, quienes la producen, y a respecto de los cuales el Para­guay tiene balance positivo”.

Señaló además que la norma­tiva impone un sistema de diligencia debida que implica información, evaluación del riesgo y reducción del riesgo, indicando origen del pro­ducto, características y geo­localización de la parcela de producción. “Este sistema matará los pequeños y media­nos productores”, advirtió.

Asimismo, dijo que la eva­luación del riesgo a la que se expondrán las cadenas de valor exigirá actuar con pers­pectiva de género, consul­tando a autoridades, sociedad civil, oenegés y a los pueblos indígenas sobre reclamacio­nes y legislación adecuada.

Subrayó que, de hecho, muchas de las disposiciones contempladas en el acuerdo son inconstitucionales, como la irretroactividad o las mul­tas confiscatorias.

“La ARP debe oponerse al intento de la UE de imponer su colonización ideológica en perjuicio de todos los para­guayos, y de los productores en particular”, enfatizó.