“Estos ajustes paramétricos lo estamos haciendo pen­sando en no tocar las ren­tas, el informe actuarial que prevé que recién se tocaría las rentas de las reservas del fondo de jubilaciones en el 2038, eso se ha adelantado por 18 años. Se tenía proyec­tado hasta el 2023 recurrir al 5 % de las rentas, pero el año pasado tocamos el 28 %. Reponer ese espacio de sus­tentabilidad financiera al fondo de jubilaciones y pen­siones, es nuestra prioridad, nuestra responsabilidad y obligación y es lo que debe transmitirse para tranquili­dad de los jubilados y de los que están en carrera activa”, expresó el consejero, Carlos Pereira.

En diálogo con “Así son las cosas”, programa emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media, el miembro del consejo recalcó que la serie de medidas impulsadas por esta administración, busca que el fondo pueda recupe­rar su sostenibilidad al punto que pueda generar la renta suficiente para hacer frente al sistema de capitalización colectiva que rige en el IPS, de tal modo que los asegurados puedan acceder a una jubila­ción digna.

El consejo revocó las resoluciones que elevaban el haber mínimo jubilatorio y lo esta­bleció nuevamente en el 33 % del salario mínimo legal vigente, sin embargo, Pereira ratificó que esto no afecta a quienes accedieron a la jubi­lación con el porcentaje ante­rior. “Eso no va a afectar a los 20.700 jubilados que hoy están cobrando el 75 % que en su momento se ha ajustado”, explicó.

Asimismo, se refirió a la ini­ciativa que apunta a elevar de tres a diez años el cálculo para el haber jubilatorio, y men­cionó que una vez que esto sea promulgado, entrará en vigencia de forma inmediata, pero su aplicación será de forma gradual, hasta llegar a los 120 meses.­

El presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, se refirió acerca del proyecto de ley del Instituto de Previsión Social (IPS) a presentarse en el Congreso Nacional que busca modificar varios artículos de su carta orgánica. Mencionó que entre los cambios, preocupa al sector que la previsional se quede con el 1 % de lo que respecta a capacitación y las instituciones que fomentan la formación de la mano de obra padezcan una falta de financiamiento.

“De ese 1 %, un 0,70 % va al SNPP y 0,30 % a Sinafocal. Que el Estado se haga cargo de ese 1 % creo que es difícil que pueda desembolsar USD 30 millones o USD 40 millones adicionales”, dijo a la 780 AM, y consideró que es fundamental que sigan estos fondos, pues representan capacitaciones para el rubro que adquiere conocimientos mediante los organismos.

Recordó que las mipymes son el 98 % de las empresas y casi el 70 % del empleo. “Básicamente la gente es instruida sobre todo a través del SNPP que es la parte técnica. Es importante que esto siga independientemente a sus luces y sombras”, expresó. Tavella sostuvo que es conveniente fijarse a largo plazo y no en lo que pueda dar más fondos a la situación financiera actual.

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Las normativas vigentes establecen que el 2,5 % de los aportes patronales se transfieran un 1 % al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), 0,5 % al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y 1 % al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), lo cual se propone modificar.

Manifestó que la reestructuración se debe hacer a través de una mirada diferente y señaló que le hubiese gustado que sea convocada una mesa tripartita entre el Ejecutivo y el sector empresarial. “Dentro de esto que estemos nosotros porque normalmente se tiene una mirada para empresas de mayor tamaño”, aseguró.

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Desde el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) explicaron el motivo de las medidas y reformas que se están impulsando desde la previsional, con motivo de devolver la estabilidad a los diferentes fondos. Señalaron que debido a medidas tomadas en el periodo anterior, se recurrió al uso de las reservas en un porcentaje preocupante, y urge revertir dicha situación.

“Estos ajustes paramétricos lo estamos haciendo pensando en no tocar las rentas, el informe actuarial que prevé que recién se tocaría las rentas de las reservas del fondo de jubilaciones en el 2038, eso se ha adelantado por 18 años. Se tenía proyectado hasta el 2023 recurrir al 5% de las rentas, pero el año pasado tocamos el 28%. Reponer ese espacio de sustentabilidad financiera al fondo de jubilaciones y pensiones, es nuestra prioridad, nuestra responsabilidad y obligación y es lo que debe transmitirse para tranquilidad de los jubilados y de los que están en carrera activa”, expresó el consejero, Carlos Pereira.

En diálogo con “Así son las cosas”, programa emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media, el miembro del Consejo recalcó que la serie de medidas impulsadas por esta administración, busca que el fondo pueda recuperar su sostenibilidad al punto que pueda generar la renta suficiente para hacer frente al sistema de capitalización colectiva que rige en el IPS, de tal modo que los asegurados puedan acceder a una jubilación digna.

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El Consejo revocó las resoluciones que elevaban el haber mínimo jubilatorio y lo estableció nuevamente en el 33% del salario mínimo legal vigente, sin embargo, Pereira ratificó que esto no afecta a quienes accedieron a la jubilación con el porcentaje anterior. “Eso no va a afectar a los 20.700 jubilados que hoy están cobrando el 75% que en su momento se ha ajustado”, explicó.

Asimismo, se refirió a la iniciativa que apunta a elevar de tres a diez años el cálculo para el haber jubilatorio, y mencionó que una vez que esto sea promulgado, entrará en vigencia de forma inmediata, pero su aplicación será de forma gradual, hasta llegar a los 120 meses. “Lo que nosotros estamos haciendo es revocar esas resoluciones anteriores, recuperar y tomar medidas correctivas para poder darle el equilibrio que necesitamos reponer en el fondo de jubilaciones”, aseguró.

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La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, dilucidó aspectos relacionados al paquete de reformas administrativas y legales que impulsa el ente como medidas de urgencia que busca revertir la crítica situación financiera.

Aclaró que el problema se heredó de administraciones anteriores. “Esas medidas implican necesariamente incrementar ingresos, gastar mejor y maximizar nuestras rentas”, señaló a la 1000 AM. Puntualmente la crisis se da en el fondo de enfermedad y maternidad, donde existen deudas millonarias que se arrastran desde hace varios años, lo que ya afecta la prestación a los asegurados.

Así también hay inconvenientes en el fondo de jubilaciones y pensiones que presenta un desequilibrio crítico desde el año 2020, conforme expresó. Sobre el punto aseguró que las medidas a ser implementadas no sumirán en la miseria a los pasivos, tal como afirman algunos gremios.

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“Quiero decirle a los actuales jubilados y pensionados de la institución, que esas manifestaciones no son ciertas, que están mintiendo, manipulando la información y mal informando con mala fe a los jubilados, buscando quitar la paz y tranquilidad de la que deben gozar los jubilados y pensionados de la institución y usarlos para fines desconocidos”, indicó.

Afirmó que las medidas asumidas buscan proteger los recursos de los jubilados genuinos que han pagado sus aportes, los fondos que se han acumulado durante años y décadas de aporte. La abogada Cubas también aclaró el punto referente al proyecto de modificación del cómputo de haberes jubilatorios que actualmente se calcula sobre los 36 últimos salarios (tres años) y que aumentará a diez años.

“Es una propuesta también ya antigua, no es invento de esta administración, ha sido observado por los últimos informes actuariales, que los críticos de hoy, que aparecen como iluminadores, no solamente conocen sino que han apoyado pública y documentalmente según registros y documentos institucionales y que hoy por el hecho de ser críticos pretenden poner en duda, incurriendo en al menos una profunda incoherencia y deshonestidad intelectual”, aseveró.

La funcionaria de la previsional sostuvo que todas las reformas a ser incorporadas apuntan a mejorar las condiciones de vida de los más de 79.000 jubilados y los casi 900.000 activos que aportan a la institución. “Todas las medidas propuestas y asumidas tienen por objetivo proteger el ahorro de esas casi un millón de personas que han puesto sus aportes y ahorro para cuando pasen a la vida laboral pasiva. Todo lo que hagamos y propongamos debe estar enmarcado en la ley”, finalizó.

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