El titular de la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributa­rios (DNIT), Óscar Orué, explicó el modus operandi del grupo delictivo que llevó a cabo un esquema de produc­ción de facturas falsas en Alto Paraná, muchas de las cuales se habrían generado durante el periodo de la pandemia, cuando los requisitos para creación de RUC o inscripción se habían flexibilizado.

El director nacional indicó que salieron a luz más de 26 millo­nes de facturas tras el reciente allanamiento que desmanteló la red, conformada por conta­dores, funcionarios desleales e imprentas que trabajan en conjunto para la producción de estos documentos falsos. “El monto es de aproximada­mente G. 200.000 millones en total, de lo que se dejó de perci­bir como ingresos tributarios en estos 4 años, producto de la venta de estas facturas, que en el mercado negro se venden entre 2 a 3 % del valor de las fac­turas, que es lo que suman los más de G. 527.000 millones”, expresó Orué.

En cuanto al funcionamiento del esquema, el director explicó que ya sean las perso­nas o empresas que compraban estas facturas, lo que hacían era ingresar en su contabili­dad para deducirlas como gas­tos, con el fin de pagar menos impuestos, hecho conocido como evasión fiscal. Fueron más de 1.400 contribuyentes que utilizaron las facturas, a quienes se les aplicará sancio­nes, dijo. Respecto al cómo lle­garon a crear semejante canti­dad de facturas falsas, el titular de la DNIT indicó que se encon­traron una serie de identifica­ciones que fueron utilizadas para la creación de las empre­sas, especialmente de perso­nas de la tercera edad, adultos mayores, que no tenían idea que sus documentos fueron malversados, y hasta de per­sonas fallecidas. Orué remarcó que el hallazgo de este esquema tuvo que ver con un trabajo de inteligencia tributaria/adua­nera que utiliza big data, lo que sería la base de datos que uni­fica distintas bases para unir los perfiles y cruzar la informa­ción, de modo a detectar este tipo de hechos.

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Como institución de ingresos tributarios, reiteró a los con­tribuyentes que, ante cual­quier duda, pueden ponerse en contacto con los asesores al (021) 419-7000 o mediante un formulario en la página web. Remarcó que durante los últimos meses ya se rea­lizaron varios allanamientos que derivaron en el quiebre de estos esquemas que generan un gran perjuicio al Estado.

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