El presidente del Cen­tro de Armadores Fluviales y Maríti­mos (Cafym), Raúl Valdez, explicó que corresponde que la resolución del peaje en la hidrovía Paraguay-Pa­raná impuesta por el Ministe­rio de Transporte de Argen­tina sea derogada. El sector apoya plenamente el trabajo que se encuentra realizando el Gobierno para destrabar el cobro de la tarifa que a la fecha suma unos USD 11 millones en facturas, según señaló.

“Nosotros buscamos que esa resolución se derogue por­que consideramos que es ilegal porque se está atro­pellando un tratado inter­nacional que está por encima de las leyes de los países”, indicó. Si no se logra esta acción la opción es suspen­der el cobro y allí comenzar a debatir de manera inte­gral entre los cinco países que conforman el acuerdo de la hidrovía y no solamente desde un sector.

Valdez sostuvo que la noti­cia del compromiso de sus­pensión les pareció alenta­dora y que entienden que del otro lado puedan existir interlocutores que no estén alineados con la misma visión. “Apoyamos plena­mente el trabajo que está haciendo nuestro Gobierno, entendemos la complejidad en la que se está llevando a cabo todo esto y creemos que tenemos las herramientas y a las personas idóneas para llevar esto adelante y subsa­narlo”, remarcó.

Recordó que lo que ocurrió esta semana es una mues­tra de lo que viene pasando desde el inicio, pues el con­flicto ya comenzó de “contra­mano” meses atrás cuando las facturas a las embar­caciones llegaron tras una visita que hizo el ex presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, a su par argen­tino Alberto Fernández. “Como reacción a esa visita esa misma tarde llegó la pri­mera factura por el cobro del peaje”, añadió a la 780 AM sobre el actuar errático de las autoridades argentinas.

Hasta el momento, la mayo­ría de los dueños de embarca­ciones siguen buscando for­mas y medios jurídicos para evitar el cobro de USD 1,47 por tonelada al ingresar en la vía navegable pese a las pre­siones, abonando en forma de carta de protesta como un eventual documento en caso de que se logre un fallo a favor de los reclamos. Los daños económicos llegarían incluso a un gasto directo de USD 50 millones anuales y el costo para cada embarca­ción parada en un solo día asciende a unos USD 40.000.