El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pablo Loblëin, contó que, luego de las irregularidades constatadas en la cooperativa San Cristóbal, entre ellas las concesiones crediticias sin que los socios cumplan con los requisitos, se comenzó a fiscalizar a otras entidades para controlar el buen funcionamiento de las mismas.
“Con el caso de San Cristóbal, ocurrido el primer trimestre del año pasado, fueron momentos difíciles donde tuvimos que hacer mucho esfuerzo para estabilizar el sector. Son varias las que están siendo fiscalizadas porque consideramos que es importante dar seguimiento a su funcionamiento”, explicó Pablo Loblëin a la 1020 AM.
MONITOREO LOCALIZADO
Sobre ese punto, también mencionó que hoy San Cristóbal tiene un nuevo proceso luego de haberse levantado la intervención. Cuentan con un plan de acción de vigilancia localizada mediante un técnico que monitorea las actividades de la cooperativa. Además, precisó que luego de la intervención se constató un 30 % de morosidad crediticia. “La vigilancia localizada tiene una duración de 180 días, si se evalúa y hay todavía alguna irregularidad se renueva otros 180 días”, agregó.
Asimismo indicó que, respecto a las quejas de los socios que decidieron renunciar y solicitaron su aportes, aclaró que esto se resuelve en cada asamblea anual. Es decir, quienes renunciaron en el 2022 recibirán sus aportes este año y quienes lo hagan este 2023, serán puestos en análisis en la asamblea de 2024. “Uno tiene que hacer una evaluación y ver qué se pudo haber hecho para prevenir estos hechos y eso se está haciendo. Tenemos dentro del plazo los informes de las cooperativas de cómo van cerrando mes a mes”, resaltó Loblëin.
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Policía Antisecuestro busca certificación internacional para brindar mayor seguridad
El Departamento Antisecuestro de Personas, dependiente de la Policía Nacional busca obtener una certificación internacional para pasar de una policía reactiva a una por procesos, enfocada en la meta de brindar seguridad a la ciudadanía, informó este miércoles el jefe de dicha unidad, Nimio Cardozo, a Paraguay TV.
El director policial explicó que están trabajando con el financiamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para certificarse en agosto próximo con la Norma Internacional ISO 9001:2015, que tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad en general.
En tal efecto, están ajustados a unos estándares internacionales, los cuales significan que todos los procesos investigativos son transparentes, auditables y están sometidos a cualquier empresa internacional que pueda venir a ver que lo que están haciendo se ajusta al estándar de calidad.
“Con este resultado los beneficiarios serán los usuarios finales, es decir, las personas que necesitan de los servicios y de la protección de los agentes. Nosotros tenemos que trabajar enfocados en la ciudadanía. Los policías deben cumplir con las satisfacciones de los ciudadanos que son todos los paraguayos y paraguayas y extranjeros que vivan en nuestro territorio”, expresó.
Enfatizó que lo que buscan con esta certificación internacional es pasar de una policía reactiva a una policía por procesos. “Hoy en día nosotros somos una policía reactiva, lo que pasó en Ciudad del Este, en Encarnación, la policía reacciona ante una situación en especial. En cambio, cuando el trabajo es por procesos, además de adelantar esos escenarios posibles se pueda prever y se pueda tener un plan de contingencia en caso que aparezca”, comentó.
Indicó que esto hará una gran diferencia, y por ello están trabajando en este proceso de transformación, a través de la certificación. “El certificar una norma técnica implica también cambiar la mentalidad y que se vean los resultados. Las certificaciones internacionales respaldan los conocimientos y habilidades tecnológicas, en las programas de productividad, desarrollo y creación de contenido más utilizados y reconocidos a nivel internacional”, concluyó.
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Gobierno ya instaló 12 mesas de protección social en 7 departamentos
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó el proceso de instalación de mesas de protección social, que hasta el momento ya se logró en 12 distritos de 7 departamentos. Indicó que todas las instituciones del Estado trabajan de manera coordinada en el plan de la protección social.
“Todas las instituciones que conforman el Gabinete Social trabajan localmente en la mesa de protección social y hacen un diagnóstico de todos los problemas que hacen relación a sus roles y se elabora un plan de acción territorial”, indicó en entrevista a Paraguay TV.
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Este plan de acción territorial establece las prioridades, las necesidades que tiene cada distrito, en todos los ámbitos, de acuerdo a las explicaciones del ministro Rojas.
“Ese plan de acción territorial establece las prioridades de las necesidades que tiene ese distrito, ya sea en programa social, ya sea en agricultura, ya sea en salud, en educación, en caminos, en seguridad, en violencia contra los derechos de la mujer, los derechos del niño, todo lo que hace relación a la vida de la ciudadanía”, mencionó.
Indicó además, que una vez que se haya elaborado en un documento firmado por todos los integrantes de la mesa, este plan de acción territorial se elevará al gabinete social y, posteriormente, el presidente de la República, Santiago Peña, encargará a sus ministros los trabajos que estarán a cargo.
“El presidente en su momento, cuando tengamos todos los planes de acciones territoriales de cada distrito, va a convocar al gabinete y le va dar la misión a cada ministerio para que funcione ese plan de acción se puedan ejecutar las acciones”, detalló el ministro de Desarrollo.
Finalmente, adelanto que “habrán acciones inmediatas, corto, mediano, largo plazo, pero sí enfocarse sobre los problemas y las necesidades más prioritarias que tienen estos distritos”.
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Senado: proyectan nuevo acueducto en el Chaco con inversión privada
En el transcurso de este lunes, el senador del Partido Patria Querida (PPQ), Orlando Penner, presentó el proyecto denominado Agua para el Chaco que tiene como finalidad la construcción de un nuevo acueducto de canal abierto para proveer agua al Chaco, mediante una inversión privada.
“Hoy está de fiesta el Chaco paraguayo porque hay un Congreso Nacional y un Ejecutivo trabajando armónicamente para permitir una nueva obra que lleve agua del río Paraguay al Chaco central, a la gente necesitada. Debemos mirar para adelante, estamos hablando de la construcción de una obra de 280 kilómetros de extensión que llevará agua cruda”, comentó.
Penner dijo además que la obra demandaría una inversión de USD 250 millones y será costeada por el sector privado a través de una sociedad anónima que estará conformada por las cooperativas Chortitezer, Colonizadora Fernheim y Multiactiva Neuland.
“Prestarán el dinero necesario para la construcción del canal y su red de distribución, no se necesitará ni un solo guaraní del Estado paraguayo. El Chaco está en emergencia y debemos centrarnos en poder construir una nueva obra. Esta infraestructura será un canal a cielo abierto y llevará en su punto óptimo de funcionamiento 50 metros cúbicos de agua por segundo. Esta sociedad asumirá la responsabilidad del préstamo, la construcción, administración y explotación de la venta del agua para repagar la deuda”, refirió.
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La iniciativa es respaldada por otros parlamentarios de diferentes partidos. Desde el movimiento Honor Colorado afirman que desde el Ejecutivo se ve con optimismo la presentación del documento teniendo en cuenta las constantes sequías y falta de agua potable en el sitio.
“El proyecto de ley prevé que esta sociedad anónima entregue al Estado paraguayo sin costo la cantidad de agua cruda que necesite para potabilizarlo y darle a los hermanos indígenas. El resto de la población tendremos que comprar el agua. Costará lo más barato posible para el consumidor final, no se busca lucro”, puntualizó.
La iniciativa parlamentaria surge tras la fallida y costosa construcción de un acueducto durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que requirió una inversión de USD 130 millones, pero solo funcionó algunos meses luego de que fuera inaugurada su tercera fase.
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Cerca de destrabar proceso penal de Abdo y su gavilla
El proceso penal por siete hechos punibles que enfrentan el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, por la filtración de información de la Seprelad, debe destrabarse en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los integrantes de la sala son los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Diesel.
Los altos magistrados deben resolver la recusación que presentó el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado Carlos Arregui, contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas.
El ministro Benítez Riera es el preopinante en el presente caso y el mismo ya emitió su voto sobre la recusación contra los camaristas. Ahora, el expediente pasó al gabinete del ministro Diesel, quien deberá votar igualmente, ya sea en el mismo sentido o en disidencia, para luego emitir su voto el ministro Ramírez, sobre el planteamiento dilatorio de la defensa del imputado Arregui.
Una vez que se tengan los votos de los tres altos magistrados, se tendrá la resolución sobre la recusación que pesa sobre el Tribunal de Apelación. En caso de ratificarse la competencia de los camaristas, estos deben decidir sobre la recusación de la jueza Cynthia Lovera. Esta, a su vez, una vez que sea confirmada, deberá estudiar doce chicanas más presentadas por los abogados de los imputados en el presente caso.
Hasta el momento, los abogados defensores de los imputados solo se dedican a presentar incidentes dilatorios, debido a que la imputación fiscal está bien elaborada y sostenida, conforme a los elementos de prueba que se recolectaron durante la etapa investigativa.
Entre las chicanas que se presentaron en el referido expediente judicial, se encuentra el recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fecha 14 de marzo de 2024, que admite el acta de imputación. Todos los imputados presentaron este recurso que es al solo efecto de dilatar el caso.
IMPUTACIÓN
En el presente caso, están imputados Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola.
Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.