El presidente del Insti­tuto Nacional de Coo­perativismo (Incoop), Pablo Loblëin, contó que, luego de las irregularidades constatadas en la cooperativa San Cristóbal, entre ellas las concesiones crediticias sin que los socios cumplan con los requisitos, se comenzó a fiscalizar a otras entidades para controlar el buen fun­cionamiento de las mismas.

“Con el caso de San Cristó­bal, ocurrido el primer tri­mestre del año pasado, fue­ron momentos difíciles donde tuvimos que hacer mucho esfuerzo para estabi­lizar el sector. Son varias las que están siendo fiscalizadas porque consideramos que es importante dar seguimiento a su funcionamiento”, explicó Pablo Loblëin a la 1020 AM.

Sobre ese punto, también mencionó que hoy San Cris­tóbal tiene un nuevo proceso luego de haberse levantado la intervención. Cuentan con un plan de acción de vigilancia localizada mediante un téc­nico que monitorea las activi­dades de la cooperativa. Ade­más, precisó que luego de la intervención se constató un 30 % de morosidad crediticia. “La vigilancia localizada tiene una duración de 180 días, si se evalúa y hay todavía alguna irregularidad se renueva otros 180 días”, agregó.

Asimismo indicó que, res­pecto a las quejas de los socios que decidieron renun­ciar y solicitaron su aportes, aclaró que esto se resuelve en cada asamblea anual. Es decir, quienes renunciaron en el 2022 recibirán sus aportes este año y quienes lo hagan este 2023, serán puestos en análisis en la asamblea de 2024. “Uno tiene que hacer una evaluación y ver qué se pudo haber hecho para pre­venir estos hechos y eso se está haciendo. Tenemos den­tro del plazo los informes de las cooperativas de cómo van cerrando mes a mes”, resaltó Loblëin.