Tras la media sanción en la Cámara de Senadores en mayo pasado, mipymes siguen esperando la apro­bación de las modificacio­nes de la Ley 6809 que busca ampliar los beneficios a más trabajadores independien­tes a través del fideicomiso de US$ 20 millones, des­tinado en principio solo a algunas micro, pequeñas y medianas firmas. Advier­ten que en un año electo­ral, los millonarios fondos podrían ser redireccionados hacia otros gastos, dejando sin financiamiento a los emprendedores que necesi­tan el dinero con urgencia para seguir subsistiendo.

La Asociación de Emprende­dores de Paraguay (Asepy) y la Asociación Industrial de Confeccionistas del Para­guay (AICP) enviaron el 5 de mayo pasado una nota al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, solicitando una garantía constitucional a las cláusulas del contrato de fideicomiso, cuya aprobación está desde hace 3 meses en el Congreso. Hasta la fecha, el pedido solo tiene media sanción y sin indicios de una pronta respuesta. Los emprendedores instan al Congreso a resolver lo antes posible los criterios de elegi­bilidad y evaluación crediti­cia que fueron incluidos en el contrato, de modo a que todos los sectores económi­cos, incluyendo trabajado­res independientes formales, cuentapropistas, profesiona­les, entre otros, puedan acce­der a los recursos del fidei­comiso. Actualmente solo se contemplaba a los secto­res gastronómicos, eventos, turismo y entretenimiento.

“Seguimos esperando la aprobación de estos fondos en Senadores; sin embargo, no hay avances y todo ese dinero está parado. Esta­mos muy preocupados por­que estamos en un año elec­toral y no se prioriza un tema tan urgente como es el fidei­comiso, dejando de lado a los emperadores que dan fuentes de trabajo y generan sustento a la economía”, dijo David Caballero, titular de la Asepy. Los legisladores deben estu­diar el pedido de eliminación de la limitante de 6 salarios mínimos a los sujetos de cré­dito, con inicio de actividades económicas en el 2020. Deben establecer el monto máximo prestable teniendo en cuenta hasta el 40% de la facturación anual y exceptuando el crite­rio según tamaño, ampliando el monto solicitado e incenti­vando la demanda y la utiliza­ción de la línea.

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