El gobierno actual trepó la deuda pública a US$ 14.500 millones; sin embargo, este año aumentará 14,5% la cantidad de indigentes, según organismos internacionales.FOTO:ARCHIVO
Hoy se cumplen cuatro años del total de cinco del período de gobierno de Mario Abdo Benítez, un mandato que navega por aguas turbulentas en lo político, social y económico. No se desconoce que el Gobierno tuvo los peores años de la historia, principalmente en materia económica, donde varios shocks, tanto internos como externos, golpearon por todos los lados, un problema que se volvería mundial con el ingreso de una pandemia que sigue vigente. Entre las deudas pendientes se destaca el aumento de la pobreza extrema de miles de familias. Incluso la Cepal pronostica que el porcentaje de cantidad de indigentes crecerá 14,5%.
Analizando con algunos de los principales sectores económicos del país, dieron a conocer lo bueno y lo malo que se aplicaron en medio de estos problemas, además de las debilidades que todavía siguen vigentes y de los desafíos con miras al 2023. La economía paraguaya ingresó en el 2019 a una “tormenta perfecta”, pero nadie sabía lo que deparaba el inicio del 2020, que apenas al tercer mes empezó a complicarse con un encierro profundo a raíz del inicio de la pandemia.
Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), opinó sobre los 4 años de gestión de Mario Abdo dividiendo el período en 2 etapas. La primera marcada por el covid y la segunda por el endeudamiento del país, producto de créditos para paliar las consecuencias de la pandemia. “Es muy difícil extraerle del ambiente macroeconómico mundial que le tocó sortear a este gobierno por la pandemia, sumada a dificultades propias del país como el clima, entre otros. Dentro de eso, haciendo un análisis de cómo afrontar eso, hay dos etapas para este gobierno”, dijo.
En la primera etapa, que tiene que ver con el inicio de la pandemia, se tomaron medidas acertadas, más allá de que hubo dificultades sanitarias, como que las vacunas no llegaron a tiempo. “Si nos remitimos solamente a las medidas económicas, creo que se tomaron medidas acertadas buscando de alguna manera facilitar a los actores económicos, como la reducción de impuestos, generación de créditos o microcréditos, ayudas o subsidios en el mercado, medidas contracíclicas como obras públicas, entre otros. Hicieron las medidas indicadas para afrontar la crisis”, acotó.
En una segunda etapa, las cosas no vienen para nada bien, donde el gasto público no se redujo en el momento correcto y ahora se están pagando las consecuencias de que tenemos muchos programas financiados por créditos. Así, la deuda pública es alta y el gasto público está comiendo la “cola”, que significa seguir sacando créditos para dinamizar la economía. “Nos complica la inyección de dinero real a la economía porque ya no hay disponibilidad para obras públicas, que hoy están paradas por la deuda a las constructoras”, dijo, indicando que en lo que resta de gobierno, la economía sigue muy resentida. “En esta segunda parte está muy carente de medidas que ayuden a incentivar la economía”, agregó.
“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
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El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
Líder Amarilla, senador y dirigente del PLRA
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
Éver Villalba, senador opositor
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
Brexit, acrónimo de dos palabras inglesas que explican la salida (exit) de Gran Bretaña (Britain) de la Unión Europea, salida que se cumplió tras la aprobación del proyecto de ley en el Parlamento británico, el 25 de enero de 2020. La decisión sacudió a la Unión Europea por tratarse de uno de sus más importantes integrantes, por no decir el más importante.
Pero… ¿benefició o perjudicó esta decisión a los británicos? En el aspecto económico, generó incertidumbre en las relaciones comerciales, además de afectar a la inversión y al crecimiento económico. Indudablemente aumentaron los costos de la importación, lo que generó la subida de precios de productos provenientes de mercados de la UE. También el aumento de los trámites burocráticos con sus respectivos costos adicionales se sumaron al impacto negativo del Brexit.
La incertidumbre por los cambios en las regulaciones comerciales hizo que varias empresas tuvieran que dejar las islas británicas a la par que generó escasez de mano de obra calificada en sectores como la salud y la tecnología.
Otros desafíos económicos y sociales a consecuencia de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea están en proceso de desarrollo y será necesario que transcurra un tiempo más para poder percibirlos y analizarlos.
Por otra parte, el haber dejado la Unión Europea posibilitó a Gran Bretaña recuperar su soberanía política, lo que le permitió tomar decisiones (buenas o malas) independientes en temas como la inmigración, la pesca y el comercio.
También lograron recuperar el control sobre sus leyes y regulaciones locales, algo que les permite adaptar a necesidades específicas del país y no generales pensando en el bienestar del europeo en general. También tienen la independencia de forjar acuerdos por su parte, sin necesidad de depender de lo que digan, quieran o sugieran los otros socios europeos.
Lo más importante, pragmáticamente hablando, sea el dejar de aportar financieramente al presupuesto del organismo continental, cuyo peso estaba recargado sobre las espaldas del contribuyente británico.
A poco más de 4 años de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, con el boom del Brexit, que tuvo que ser ratificado varias veces por mandato popular, es aún prematuro para dar una calificación de acertada o incorrecta a la decisión que llevó al principal socio europeo a dejar el organismo supracontinental.
Poniendo en la balanza al Brexit se podría decir que políticamente ha sido una mala decisión, pero si se considera a nivel económico y ni qué decir financiero, los británicos parecen haber elegido lo correcto. Cualquiera sea el resultado para los británicos, sin duda los que han salido perjudicados fueron los países al otro lado del canal de la Mancha.
El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
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Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
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Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.