Paraguay está en pleno pro­ceso de evaluación mutua con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ya pasó el proceso de encuentro cara a cara en Buenos Aires, Argentina, con el pleno evaluador y autorida­des locales, y el resultado final estará este fin de mes de julio.

Así adelantó la viceministra secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira Bogado, en comunicación con radio Uno, resaltando que Paraguay se presentó como un país con legislaciones ade­cuadas. “Sin duda alguna, esta nueva metodología nos tiene con muchos desafíos. Tene­mos situaciones que mejo­rar”, aclaró.

La representante de la Sepre­lad comentó que dentro de todo están optimistas. “Cree­mos que es suficiente para aprobar el examen sin tener que ir a una situación de gra­vedad, sin comprometer el sistema económico”, recalcó a la emisora.

“Puede comprometer a la causa que se está investigando, como ocurrió con el fiscal Pecci, todas esas cuestiones son importantes resguardar. Estas situaciones que nos complican hacen que las ins­tituciones tengan que tomar las medidas contras estas vul­nerabilidades”, expresó.

Pereira afirmó que desde la Seprelad corroboraron que el sistema local está en con­diciones, igualmente reforza­ron para que no haya situacio­nes, ya que nuestro sistema tiene registro. “verificamos a los usuarios”, especificó.

En cuanto a la evaluación de Gafilat, es importante recor­dar que la misma se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.

El Gafilat agrupa a 17 países de América del Sur, Centro­américa, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terro­rismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/Fpadm), a través del com­promiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas, así como la pro­fundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.