El importante quiebre en la cosecha de soja, la principal oleagi­nosa del país, a causa de la sequía genera una situación por demás complicada para la agroindustria nacional y pone en riesgo los cerca de 8.800 puestos de tra­bajo que esta genera, tanto de manera directa como indirecta, según el reporte mensual de la Cámara Para­guaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

A pesar de que algunas esta­dísticas del sector al cierre del primer bimestre podrían parecer positivas, principal­mente en la comparación interanual, esto se debe a que, a diferencia de los últi­mos dos años, la cosecha se inició en su fecha habitual y no se dieron los retrasos que se venían dando.

Sin embargo, estos resulta­dos aparentemente positivos se irán diluyendo a medida que avance el año, ya que las informaciones que se reciben van siendo cada vez más nega­tivas y se espera una caída del 60% o mayor en la producción de soja, agrega el reporte.

Considerando esta situación y el difícil contexto compe­titivo de la industria, la poca materia prima disponible sería enviada a otros desti­nos en los próximos meses, dejando sin disponibilidad para procesamiento a las industrias nacionales en las últimas semanas del primer semestre.

Ante este panorama, desde la Cappro presentaron al Gobierno una serie de pro­puestas que podrían paliar tanto los problemas coyun­turales generados por la sequía como los estructu­rales, que llevaron a que el año pasado se cierre el ter­cer año consecutivo de caída en la molienda, incluso en un contexto de buena cosecha y nivel de precios internacio­nales elevado.

Una de ellas es la posibilidad de hacer pequeñas modifica­ciones al régimen de impor­tación actual, que permitan a la industria buscar abasteci­miento en condiciones com­petitivas desde otros países de la región, permitiendo a las fábricas nacionales contar con una herramienta que está disponible en otros países de la zona, de modo de reducir la desventaja competitiva que viene sufriendo el sector. Para que la medida pueda ser apro­vechada este año, este régi­men debería implementarse en la primera semana de abril o antes. Resaltaron que esta herramienta será realmente positiva si se establece como un régimen permanente y vía ley, que permita a la industria armar una logística de impor­tación previsible y estable que haga posible aprovechar la capacidad ociosa con la que viene trabajando en los últi­mos años e incluso atraer nuevas inversiones.