En el mercado local se habla ya de una eminente suba de precios de los combustibles a raíz de varios factores que presionan al alza el producto. Sin embargo, el sector de emblemas busca una alternativa con ayuda del Gobierno para suavizar el impacto que se tendrá en los bolsillos de los consumidores finales. En ese marco, el rubro se reunieron ayer con el Equipo Económico Nacional (EEN) para debatir sobre los precios de los carburantes, según confirmó a La Nación Miguel Corrales, presidente de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa).
A pesar de que no cuentan todavía con novedades, según anuncios anteriores, la idea es que se vea la posibilidad de encontrar una alternativa con el Ministerio de Hacienda para paliar la situación por el momento, planteando una reducción del impuesto selectivo al consumo (ISC). “Se buscará esto al menos de forma provisoria porque un incremento local de los combustibles sería brutal. Si vamos a trasladar todos los factores al precio final, es mucho lo que se tiene que ajustar”, especificaron días antes desde Apesa. Corrales indicó que el precio del combustible está con una constante variación del 70% en el mercado internacional, por lo que una vez más se verían “obligados” a un aumento en el precio, según el portal esteño cdehot.com.py.
Alejandro Guggiari, también de Apesa, agregó que lastimosamente Paraguay no produce ni un litro de petróleo, por lo que todos los factores inciden, como el precio internacional, el dólar, la bajante de los ríos y el impuesto. Cabe resaltar que el aumento del costo ya se concretó 4 veces durante el 2021, en el mes de febrero, con aumento de G. 400, en mayo subió otros G. 400 y en julio se incrementó también otros G. 400 por litro y, por último, el 11 de octubre, G. 600.
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Vuelve equipo base para juego decisivo
El entorno de Cerro Porteño se alista para enfrentar a Libertad este viernes, en La Huerta, en el partido que es catalogado como el más importante a nivel local en el semestre. Para el importante juego, el entrenador Manolo Jiménez prepara la vuelta de varios titulares que tuvieron descanso frente a General Caballero, por la seguidilla de partidos que el cuadro azulgrana afronta, entre Copa Libertadores y torneo Apertura. Los que van a regresar son: Javier Báez, Santiago Arzamendia, Juan Manuel Iturbe, Fabrizio Peralta y Diego Churín.
Mientras que la inclusión del volante Jorge Morel será difícil por la lesión que sufrió en el juego copero frente a Fluminense.
MADUREZ
Paralelamente a la definición del torneo Apertura, Cerro Porteño también entrará a la fase decisiva de la Copa Libertadores y en la próxima semana arrancará la segunda rueda del grupo A. Uno de los referentes del Ciclón, Federico Carrizo, en diálogo con la Conmebol se refirió a las posibilidades del Ciclón: “La mala experiencia que tuvimos el año pasado, cuando con un empate frente al Barcelona de Ecuador entrábamos a la Sudamericana y lo perdimos en el último segundo, nos hizo madurar y este año esa experiencia copera será fundamental para buscar la clasificación a los octavos de final. Sabemos que el candidato es Fluminense, porque es el último campeón del torneo, pero después los otros tres equipos (además Colo Colo y Alianza Lima) estamos en un nivel parejo y las posibilidades son iguales para todos”, señaló Carrizo al mayor ente del fútbol sudamericano.
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Justicia rechaza demanda impulsada por empresa constructora contra Yacyretá
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del sexto turno de la capital no hizo lugar a una demanda contra Yacyretá, promovida por la firma M&T S.A. por supuesto incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.
El caso se remonta a julio del 2018, cuando la mencionada firma comenzó la demanda por un contrato para la construcción de 105 viviendas, infraestructura y servicios en el barrio Santo Domingo, de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en el marco de un convenio entre la binacional y la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
En ese contexto hay que señalar que el 6 de junio del 2018 la entidad binacional decidió rescindir el contrato con la constructora ante sucesivos e innumerables incumplimientos de la misma en la edificación de infraestructura. Esta acción fue confirmada el 4 de julio por el Consejo de Administración.
A su vez, el 19 de junio, el entonces director de la binacional remitió una nota a M&T intimándole al pago, en el plazo de diez días, de los importes correspondientes a las garantías de fiel cumplimiento de contrato en obras públicas o privadas y el anticipo financiero en obras públicas o privadas que fueran otorgadas bajo apercibimiento de iniciar los trámites de ejecución de Pólizas emitidas por la Consolidada S.A. de Seguros.
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De acuerdo a la sentencia, quedó probado que la rescisión del citado contrato “fue por causa única y exclusiva de M&T S.A. por numerosos incumplimientos del pliego de bases y condiciones del contrato n.° 737/14, y además se probó que la firma M&T S.A. no interpuso ningún tipo de recursos contra la Resolución n.° 3.821/18 de fecha 4 de julio del 2018, dictada por el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yaycretá”.
“Luego, no habiendo prosperado la pretensión de resolución de contrato, ya no corresponde estudiar la pretensión de indemnización de daños que, como se ha visto, encuentra sustento en el artículo 725 del Código Civil y deberá ser igualmente rechazada”, indica el documento.
Ante estas consideraciones, el tribunal resolvió: “No hacer lugar, con costas, a la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, que promueve la firma M&T S.A. contra la EBY”.
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Se debe revertir la situación económico-financiera actual del IPS
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Con la asunción del actual gobierno en agosto de 2023, en el IPS se han realizado cambios tanto en la presidencia del Consejo como de los consejeros que representan a distintas entidades y gremios de aportantes a la previsional.
La institución viene arrastrando importantes descalces financieros, en donde los niveles de egresos superan a los ingresos generados por diversos conceptos, atribuible a una deficiente administración durante el gobierno anterior, siendo los problemas de índole financiero los más acuciantes, llevándolos a adeudar a las industrias farmacéuticas proveedoras de medicamentos e insumos no menos de USD 400 millones, sin contar las deudas por otros conceptos trepando globalmente a aproximadamente USD 900 millones.
Si bien las industrias proveedores de medicamentos e insumos no han discontinuado hasta ahora su provisión, la deuda impaga lleva aparejada intereses moratorios y punitorios, que abultan cada vez más sus niveles de endeudamiento, sin que hasta ahora luego de más de 8 meses de gestión hayan podido delinear acciones estratégicas definidas, que les permitan ir amortizándolos en función a planes concretos de repago.
Alternativas financieras siempre las hay. Podrían recurrir a un préstamo de largo plazo dentro del sistema financiero (no sería la mejor opción), o bien directamente diseñar la emisión de bonos de renta fija en guaraníes (la opción más conveniente), en el que ellos mismos tendrán la posibilidad de estructurar junto con una casa de bolsa el prospecto de emisión y esquema de pago del capital e intereses a los inversionistas, en función a su capacidad generadora de fondos actual y proyectada, con la posibilidad de que dependiendo de la evolución de su situación económica-financiera a futuro, tengan la opción de realizar un rescate anticipado de los bonos emitidos antes de sus vencimientos, facilidad que ofrece el mercado de capitales, aparejado de costos financieros más reducidos al no haber ningún tipo de intermediación.
Se da la paradoja de que siendo el IPS a nivel país una de las entidades más importantes no pueda hasta ahora encontrarle una solución alternativa a esta coyuntura desfavorable por la que están pasando.
Independientemente al problema estructural suscitado, el económico-financiero es el que debería de insumir todas las energías de sus autoridades, arbitrando los mecanismos necesarios que les permitan hacer una reingeniería o reperfilamiento de pasivos, que les den un mayor “respiro financiero”, permitiendo una atención de calidad a los asegurados, y paralelamente combatiendo la gran informalidad de aportantes que oscilan en un 63 por ciento.
La problemática primaria que enfrenta el IPS no se remitiría solo a lo económico-financiero, afectando a la falta de medicamentos e insumos para una atención de calidad a los asegurados, sumado a otros de carácter organizacional/estructural que les permitan poder hacer frente en tiempo y forma a las necesidades y demandas puntuales de los mismos (activos, jubilados y pensionados).
Para la consecución de una mejor administración financiera de la institución, la persona que esté al frente del Consejo debería ser o un administrador o economista, pues la entidad cuenta con muchos profesionales médicos capacitados con quienes en equipo podrán abordar diversos aspectos que hacen a la problemática estructural y logística de la atención de la salud de sus asegurados, como parte de la división del trabajo, ya que hoy día ya no es posible seguir trabajando en compartimentos estancos.
Estamos en pleno siglo XXI, en donde el trabajo participativo, la capacidad innovativa y creativa de los integrantes del staff de nuestras organizaciones deberían estar ocupados por profesionales que puedan darle un mayor pragmatismo y celeridad a los problemas que se van suscitando en el día a día y lo económico, financiero y logístico en el IPS sigue siendo primario, para la buena marcha y performance de la institución en varios aspectos.
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Ordenan embargo de empresa de la familia de esposa de Abdo por deuda
El Instituto de Previsión Social (IPS) está promoviendo acciones de ejecución contra empresas que adeudan a la previsional por aporte obrero patronal, millonarias deudas que la previsional quiere recuperar en esta nueva administración. Entre las firmas que adeudan se encuentra un consorcio hotelero que pertenece a la familia de la esposa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, Silvana López Moreira.
El miércoles 17 de abril el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ordenó el embargo de bienes de la empresa hasta cubrir el monto reclamado por la previsional, que asciende a G. 10.781 millones. “Tenemos la imperante necesidad de ir recuperando el dinero que el IPS tiene por cobrar. Tenemos mucho por pagar, pero también tenemos muchos por cobrar”, remarcó Jorge Brítez en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM.
EL PROPIO IPS TRANCÓ ACUERDO
Llamativamente, durante la administración anterior, en el gobierno de Mario Abdo, el IPS trancó una acción judicial para llegar al cobro de la deuda del consorcio hotelero de la familia Bó que llega a los G. 10.781 millones. Jorge González, director Jurídico del IPS, explicó que en 2017 se logró una sentencia firme para el cobro de la deuda obrero patronal; sin embargo, llamativamente el IPS y el consorcio firmaron un acuerdo extrajudicial.
“Un juicio que inició en el 2014, el consorcio hotelero había planteado una excepción de inconstitucionalidad que fue a la Corte. En el 2017 quedó firme, en ese entonces, cuando inició recién la demanda era 5.300 millones aproximadamente lo que debía”, señaló González en entrevista con GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Siguió explicando que “al 2017 al quedar firme el fallo de la Corte no teniendo más recursos ni incidentes que plantear este consorcio, la deuda subió a G. 10.300 millones al día de hoy, según el reporte de la Dirección Obrero Patronal, G. 31.500 millones aproximadamente está debiendo ese consorcio hotelero”.
La previsional ganó el juicio en todas las instancias; sin embargo, en el 2018 “sorprendentemente” el Consejo Administrativo del IPS aceptó un acuerdo extrajudicial habiendo ya ganado en todas las instancias. “En ese acuerdo extrajudicial se acepta cuatro inmuebles que ofrecen ellos en ese momento, en el cual se comprometen a hacer pagos parciales y que si en 60 días no se cumple ese acuerdo se tendrá por rescindido ese acuerdo extrajudicial y se tendrá que ejecutar la resolución”, dijo el director jurídico.
HOMOLOGACIÓN
Tras ese acuerdo extrajudicial, pasaron diez meses. Ocho meses más que lo establecido en el acuerdo extrajudicial se presenta misteriosamente ante el juzgado una homologación del acuerdo, se lleva a cabo, y “en ese momento ya no se podía celebrar el acuerdo porque ya estaba 10 meses atrasado y con esa homologación mataron todo el juicio”, según las explicaciones del director jurídico.
“Revisando los antecedentes del caso vimos que no se tomó ninguna medida más y, al asumir, lo primero que hicimos fue la ejecución del fallo de 2017 porque creemos que tenemos que reclamar, no podemos seguir permitiendo este tipo de conducta. La administración anterior dejó de emitir los títulos de créditos que la empresa tiene que abonar al IPS”, sentenció.