• Por Matilde Bordón, Carmen Marín, Gustavo Canavire-Baca­rreza y Luis Recalde-Ramírez

Paraguay se encuentra en proceso de recupe­ración de lo que fue, hasta ahora, el pico de la pan­demia del covid-19 en el país, ocurrido entre mayo y junio del 2021. Estos meses estuvieron marcados por un incremento vertiginoso de casos y muer­tes por la enfermedad. Esta fase, tan anunciada y temida, llegó sin embargo de la forma más dilatada posible, ya que, con solo un caso de corona­virus confirmado en el país y enfrentado con la posibilidad de un colapso tempranero de su sistema sanitario, el Gobierno paraguayo anunció a mediados de marzo del 2020 la suspen­sión de todas las actividades públicas y privadas y el inicio de una cuarentena obligato­ria con limitadas excepciones.

Como era de esperarse, tales medidas representaron para el país un inusitado reto en materia socioeconómica. Sin poder trabajar, cientos de miles de personas fueron empuja­das a una situación de vulne­rabilidad laboral y financiera. Fue necesario tomar acciones gubernamentales inmediatas y concretas con la finalidad de hacer frente a la incertidumbre global provocada por la pande­mia. Pero ¿qué programas de asistencia implementar?, ¿qué población priorizar?, ¿cómo llenar los huecos técnicos y logísticos de una iniciativa de asistencia social masiva?

Hoy, tras más de un año del ini­cio de la pandemia, sería difícil encontrar un paraguayo que no conozca Pytyvõ, quizá la ini­ciativa económica más repre­sentativa del Plan de Emer­gencia Nacional del Gobierno para hacer frente a la crisis. La experiencia de Paraguay en la implementación de este pro­grama nos deja importantes lecciones a la luz de sus resul­tados.

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Las transferencias de asis­tencia social pueden preve­nir el aumento de la pobreza

El fortalecimiento de los pro­gramas sociales permanentes para atención a las familias en situación de vulnerabilidad, así como la implementación de nuevos programas, como Pytyvõ, que fueron diseñados como respuesta a la pandemia para dar contención a los traba­jadores y sus familias, tuvieron un marcado protagonismo en el año 2020. Según un informe del Instituto Nacional de Esta­dística INE, Pytyvõ, junto con los programas Adulto Mayor y Tekoporã, evitaron que más de 230.000 personas cayeran en la pobreza.

Según la Encuesta de Alta Frecuencia (EAF, iniciativa del Banco Mundial), a mayo del 2020, 28% de los hogares paraguayos reportaba que al menos uno de sus miembros recibió algún tipo de asis­tencia social de emergen­cia durante la pandemia. A junio del 2021, este porcen­taje había aumentado al 54%. Entre las razones principa­les del impacto positivo de Pytyvõ se encuentra el enfo­que que el programa tuvo al asignar los beneficios. Desde el principio, el objetivo cen­tral del programa fue asistir a los trabajadores informa­les afectados en sus ingresos. La EAF indica que ocho de cada diez encuestados, cuyos hogares cuentan como bene­ficiarios de las iniciativas de asistencia social durante la pandemia, son trabajadores informales. En línea con este dato, los resultados de Pytyvõ confirman que siete de cada diez trabajadores informa­les fueron beneficiados con el programa.

Los registros administrati­vos son datos claves para la política pública

Frente al reto de diseñar en tiempo récord el programa Pytyvõ, la iniciativa de trans­ferencia monetaria más grande de la historia de Paraguay, la ausencia de un registro siste­matizado de personas y hoga­res adjudicados con asistencia social, que ayude a identificar a potenciales beneficiarios, emergió como uno de los mayo­res obstáculos. Se hizo impe­rante construir una base de datos desde cero, con toda la ingeniería y esfuerzo que ello conlleva.

Fue así que Pytyvõ originó un revitalizado interés hacia el uso responsable de regis­tros administrativos públi­cos, como fuente primaria de los “filtros” aplicados a la infor­mación proveída por los solici­tantes del subsidio. Datos como registros policiales, listas de funcionarios públicos, regis­tros de beneficiarios de otros programas sociales, entre otros, permitieron maximi­zar la focalización adecuada de los beneficios.

Como un ejemplo claro de lo que con esto se logró, la EAF muestra que el 85% de los hogares beneficiarios de pro­gramas de emergencia (inclu­yendo Pytyvõ) fueron hogares donde, como era requerido, ningún miembro había reci­bido anteriormente asisten­cia del Gobierno. No obstante, estos datos ponen en eviden­cia también la necesidad de un registro nacional de beneficia­rios, que facilite el diseño y la focalización de futuros progra­mas de asistencia social.

La sinergia público-privada puede generar resultados de alto impacto

De manera de facilitar el pro­ceso de la transferencia del subsidio de Pytyvõ a beneficia­rios de todo el país, el Gobierno forjó una alianza estratégica con las entidades de medios de pagos electrónicos (EMPE) locales. Los subsidios fueron entregados a través de billete­ras electrónicas, cuentas ban­carias e incluso un innovador mecanismo de acreditación directa denominado tarjeta cédula, que permitió a las per­sonas realizar compras presen­tado solamente sus cédulas de identidad.

Ya en su primera edición, casi el 90% de los beneficiarios de Pytyvõ recibió el subsidio vía billetera electrónica, el 10% uti­lizó el sistema tarjeta cédula, y menos del 1% recibió acredi­tación en sus cuentas banca­rias. Como se puede inferir, las transferencias por medios elec­trónicos brindaron al Gobierno un importante control sobre la logística del proceso de otor­gar las asignaciones. Asimismo, significó mayor seguridad para los beneficiarios al utilizar el subsidio, al no tener estos la necesidad de retirar el dinero en efectivo.

Son necesarias políticas integrales como segui­miento a los subsidios

De acuerdo a la EAF, se cuenta con la evidencia de que, con la pandemia del covid-19 aún pre­sente, la población beneficiaria de los subsidios de emergencia continúa siendo la más vulne­rable en diversas dimensiones, dados los retos de la protección social.

Las herramientas obtenidas y la experiencia ganada con los programas de asistencia de emergencia se presentan como una oportunidad para formular políticas públicas que apunten a:

-Contar con un registro nacional completo de benefi­ciarios, de manera de mejorar la focalización y el impacto de los programas sociales imple­mentados.

-Reforzar las redes de segu­ridad social a través de la for­malización de los trabajado­res, como recurso fundamental para el acceso a oportunidades y para amortiguar los efectos negativos de las crisis.

-Ajustar el diseño de la protec­ción social de los trabajadores, considerando los cambios en el mercado laboral, la dinámica y la volatilidad de los ingresos de los trabajadores.

-Adaptar el diseño de la protec­ción social al uso de las plata­formas digitales y a los cambios demográficos de la población.

Así, un plan de recuperación pospandemia debe contemplar herramientas que promuevan una reducción de la informali­dad, de la pobreza y de la des­igualdad, y que sean, por sobre todo, sostenibles en el tiempo. Para la implementación de estos cambios institucionales es necesario alcanzar amplios consensos entre todos los acto­res involucrados que permitan un crecimiento que incluya a toda la población y reduzca las brechas sociales.

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