La economía informal en el país llegó a los US$ 21.295 millones durante el 2020, represen­tando el 46,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra refleja que se produjo un aumento del 3,1% con respecto al 2019. En tanto, se prevé que entre el 2020 y el 2021 la eco­nomía subterránea se reduzca en un 0,5% y represente así el 45,7% del PIB, según los datos presentados ayer jueves por la organización PRODesarrollo Paraguay.

El viceministro de Tributa­ción, Óscar Orué, comentó que es muy buena noticia teniendo como dato el 2021, ya que es un estudio que hace una organización privada. “Esto demuestra que las polí­ticas del Gobierno ayudaron a reducir la informalidad en el país”, indicó.

La cifra del 2020 tiene como factores explicativos la pér­dida de ingresos formales e informales debido a las res­tricciones implementadas para contener la pandemia, así como el limitado acceso a la seguridad social, mayo­res gastos de bolsillo para los hogares, baja capacidad de innovación y dificultades de acceso al financiamiento que limitaron actividades produc­tivas de las empresas.

“La elevada tasa de informali­dad que presenta Paraguay en comparación a la región, así como el menor nivel de indus­trialización, limitan su desa­rrollo económico y social”, expresó Sebastián Acha, director Ejecutivo de PRO­Desarrollo.

Atendiendo esta situación, se estima que la economía sub­terránea para el 2021 dismi­nuirá levemente al 45,7% con respecto al 2020. Este cálculo se realizó con base en los datos preliminares oficiales cerra­dos al primer semestre del año. “La reducción de la eco­nomía subterránea mitigaría el impacto fiscal de las activi­dades no declaradas, además de aliviar la carga de los secto­res que normalmente aportan al fisco y disminuir las distor­siones en la provisión de ser­vicios básicos como la educa­ción, salud y asistencia social”, agregó Acha.

Hay que aclarar que la econo­mía subterránea comprende actividades como el comercio de mercancías robadas, tráfico de drogas, sueldos y salarios no declarados, descuentos a empleados, trabajos domés­ticos, entre otros.

PRODesarrollo también pre­sentó los resultados de una encuesta realizada a los prin­cipales gremios y asociacio­nes empresariales con res­pecto a un mal de larga data en el país, el contrabando. Los encuestados coincidieron en los siguientes aspectos: la reducción de la participación de productos nacionales en el mercado interno es del 30% y el 80%; unas 90.000 tone­ladas de azúcar ingresan de contrabando por año, lo que representa el 45% del mercado nacional; y unos 15 millones de pares de calzados son vendi­dos localmente. La industria nacional apenas representa el 20% de dicha cifra.

Estas problemáticas se tradu­cen en la limitación de la com­petitividad de los productos nacionales, menos recauda­ción tributaria y, por ende, menos recursos para inver­siones, escasa participación de la industria nacional. “La presencia de informalidad genera distorsiones económi­cas debido al incumplimiento de las normas legales y el aumento de la inestabilidad de empresas y trabajadores afec­tados. Se necesitan acciones concretas no solo del Estado, sino de la sociedad en general para erradicar el contrabando, ya que el impacto negativo es para todos”, sostuvo.

Desde la organización se asume el compromiso de ser factor de cambio que con­tribuya no solo a través del ejemplo, sino con acciones concretas que ayuden a for­malizar a las mipymes dedica­das a actividades legales, que operan de manera informal debido a los costos transaccio­nales elevados del proceso de formalización y a la falta de acompañamiento técnico y financiero efectivo. Solo así se podrá avanzar hacia un desa­rrollo inclusivo que signifi­que un mayor bienestar de la población, considerando que el efecto multiplicador que podrían tener estas empre­sas dada su importancia en la economía nacional, y en el empleo en particular, enfatizó el director.