El experto en energía (PhD) Victorio Oxi­lia conversó con el equipo de Universo 970 AM y el canal GEN para abordar los componentes de costos que refieren a la revisión del Anexo C de Itaipú y sobre qué pasaría si Brasil no aceptara mantener la tarifa.

Indicó que en primer lugar se debe tener en cuenta que, la situación en cuanto al servi­cio de electricidad de Itaipú y los componentes que confor­man el costo que finalmente derivan en la tarifa, no es algo que surgió solo en los últi­mos 2 o 6 meses, sino algo ya conocido por las autoridades nacionales desde hace años. “Este gobierno tuvo tiempo para prepararse y esgrimir todos los argumentos nece­sarios para defender ese objetivo de la negociación que ciertamente es la más razonable en este momento, en una fase previa a la revi­sión del Anexo C”, expresó.

Es así que parte del princi­pio de que los responsables en defender la soberanía nacional están preparados y que tienen todos los argu­mentos, pero si Brasil dice que no, necesariamente se tendrá que negociar, lo cual es una cuestión obvia en las relaciones internacionales. Esto, teniendo en cuenta que el Anexo C, tal y como está, define varios compo­nentes de ese costo del ser­vicio como los royalties que se distribuyen entre ambos países, lo cual está definido y no se pueden cambiar en este momento de manera apre­surada, no se puede tocar porque lleva tiempo para se apruebe mediante nota reversal.

Tampoco se puede modificar el componente de sesión, que requiere del mismo proceso, pues el dinero correspondiente a la Ande en el orden de los US$ 45 millones, por ser socia de ese capital con Itaipú juntamente con Eletrobrás, requiere del mismo procedimiento.

Y en tercer lugar el compo­nente variable, que se refiere al pago de la deuda de Itaipú, que es la que va a bajar, y en este caso para mantenerse el costo del servicio tendrían que subir otros componentes y el que queda es el de gastos de explotación.

Por ende, el que va a bajar sí o sí es el componente del pago de deuda en torno a los US$ 600 millones que ya está definido y que ya se sabía; es decir, si el Gobierno ya con­taba con una estrategia de compensar esa caída con un incremento en gastos de explotación, entonces debe de contar con algún plan B para defender esa posición, precisó el experto.