El titular de la Subse­cretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda, Óscar Orué, dio detalles del Operativo Facturación II desarrollado por la cartera económica, reveló que en total 18 instituciones inves­tigadas habrían evadido cerca de 8 millones de dólares.

“Dentro de su contabilidad se han observado facturas pre­sumiblemente falsas. La dife­rencia con la Gobernación de Central que fue una oenegé, ahora son instituciones del Estado”, señaló en entrevista en Unicanal.

El viceministro atribuyó el problema a la falta de control eficiente por parte de los orga­nismos encargados de las fis­calizaciones. “Justo conversa­mos con el contralor general de la República en una reunión que tuvimos: la tecnología va a ayudar significativamente a poder detectar mucho más estos casos”, mencionó.

Orué insistió que con el uso de la tecnología la SET está trabajando juntamente con la Contraloría General de la República (CGR). “Yo creo que ahora con toda la tec­nología que está teniendo Tributación, creo que habrá una cultura tributa­ria mucho más fija. Que es mejor cumplir con las reglas porque tenemos impuestos bajos, pocos impuestos y el debate seguro va a seguir sobre la calidad del gasto público”, significó.

El viceministro destacó ade­más la presencia de los audi­tores de Gafilat en el país y dijo que “nos sirvió para autoevaluarnos en primer lugar porque si bien hay una evaluación internacional, creo que son muy importan­tes los avances de Paraguay”.

Recordemos que la visita in situ del equipo internacional permitió evaluar el cumpli­miento de Paraguay de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Inter­nacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha con­tra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terro­rismo (FT) y la prolifera­ción de armas de destrucción masiva.

La Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) anunciaron, el pasado 7 de julio, que pidieron al Ministerio Público intervenir la Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González.

El motivo fue que en octubre del 2020 la gobernación recibió US$ 1 millón (casi G. 6.400 millones) para mitigar el impacto de la pandemia en la región. El ente público a su vez destinó G. 5105 millones de esos recursos para contratar a una ONG de nombre Centro Integral de Apoyo (CIAP) en febrero pasado. Los G. 1.276 millones restantes fueron al Consejo Regional de Salud.

Las irregularidades solo se registran en la rendición de cuentas de la primera entrega. Durante la rendición de cuentas, la gobernación presentó unas facturas y la CIAP otras distintas para justificar los gastos. Esto da motivos para pensar que se malversaron los fondos, según Orué.