La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pro­nunció mediante un comunicado emitido ayer en defensa de su presidente, Pedro Galli, ante amenazas de accio­nes legales por declaraciones suyas ante la prensa. El gremio señaló que el Paraguay tiene sancionada una Constitución Nacional (CN) mediante la cual se garantiza la libertad, igualdad y justicia, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Indica que la libre expresión, contem­plada en el artículo 26 de la CN, es un principio del dere­cho del ciudadano que habite el Paraguay.

“Que la amenaza de un legisla­dor (Desirée Masi) que integra un poder del Estado de denun­ciar ante la Justicia a un pre­sidente de un gremio por declaraciones y denuncias de hechos varios que son notorios y ocurren a diario en el país es un claro intento de limitar la libertad de expresión, de infundir miedo y socavar las bases de la democracia que ele­gimos vivir”, señala parte del comunicado de la ARP.

En otra parte del documento expresa que la amenaza al titular del gremio es un indi­cio del proceso de deterioro institucional que se vive, pro­piciado por actores al servi­cio de un proyecto totalitario que busca destruir los pila­res de la República del Para­guay. El gremio dice que el res­peto a la propiedad privada, la defensa del libre comer­cio y la plena vigencia de las instituciones constituyen el marco legal aprobado por los constituyentes. Afirman que toda restricción o intento de limitar estos derechos, como la presentación de leyes de claro tinte inconstitucional, o el apoyo a violaciones de la propiedad privada, o el pro­yecto de despenalización de las invasiones, constituyen conductas ilícitas conforme al artículo 127 de la Consti­tución Nacional, que dice que no está permitido predicar su desobediencia.

“En este marco, la comisión directiva central apoya, rati­fica y hace suyas las declara­ciones del presidente de la ARP, en la tesitura de que el gremio rural y la ciudadanía en general son conscientes de que se busca propiciar el conflicto social, el enfrenta­miento del pueblo y la inse­guridad en el campo y en la ciudad para construir un pro­yecto totalitario, al margen de los mecanismos establecidos en la constitución nacional”, expresa el manifiesto. Indi­can que el nivel de responsa­bilidad en estos hechos sube de grado al ser protagoniza­dos por funcionarios públi­cos. Instan a los ciudadanos a estar atentos al proceso que se vive en el país, a efectos de participar en el control del respeto y vigencia de la Cons­titución y de las instituciones de la República.

La comisión directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) brindó su respaldo al titular del gremio, Pedro Galli, tras la ame­naza de la senadora Desirée Masi de presentar acciones legales en su contra, esto luego de acusar al senador del Partido Demo­crático Progresista (PDP) Pedro Santa Cruz de tener posibles vínculos con grupos criminales del norte del país. La semana pasada, la legisladora Masi anunció la querella a Galli, asegu­rando que con sus expresiones atacó el buen nombre de Santa Cruz y afectó a su familia.