Desde el Viceministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, celebran la aprobación por parte de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la asignación general de los derechos especiales de giro (DEG), equivalente a US$ 650.000 millones, a todos los países miembros. Paraguay recibirá unos US$ 250 millones que destinará al financiamiento del proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social que busca asegurar salud, programas sociales y el apoyo a trabajadores y empresas.
La asignación general de los DEG entrará en vigor el 23 de agosto del 2021 y serán acreditados a los países miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas en la institución. Estos son activos de reserva internacional creados por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. El valor de un DEG está basado en una canasta de cinco monedas. El viceministro de Economía, Iván Haas, aclaró que este aporte no puede ser considerado como deuda, ya que es una distribución que se realiza en proporción a la participación relativa de los países miembros. Aquellos que lo utilizan pagan un 0,5% de gastos administrativos y no intereses como sería en el caso de un préstamo.
El FMI autorizó a los países que así lo deseen a usar el dinero en sus economías internas no como reserva, sino para el fortalecimiento fiscal. Cabe recordar que los Derechos Especiales de Giro (DEG) son asignados típicamente en períodos de crisis. Por ejemplo, el FMI distribuyó DEG por valor de US$ 250 billones a sus miembros durante la crisis global financiera del 2009.
Por otro lado, reiteran el pedido de tratar el proyecto de consolidación económica a Diputados. El Ministerio de Hacienda hizo un llamado nuevamente a la Cámara de Diputados a fin de que trate la propuesta del Ejecutivo, que cuenta con media sanción en el Senado. La Cartera Fiscal está conforme con las modificaciones introducidas al proyecto en el Senado y urge su tratamiento en la Cámara Baja.
La propuesta establece medidas concretas para atender la crisis sanitaria, mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reactivación económica. Prevé reasignación de recursos para el financiamiento de los objetivos del Gobierno y racionalizar gastos para lograr una mayor eficiencia en su utilización. El proyecto engloba US$ 365 millones. Con las modificaciones realizadas en el Senado, los montos quedan de la siguiente forma: US$ 262 millones para gastos en salud y programas sociales; US$ 23 millones para el subsidio para trabajadores formales suspendidos del Instituto de Previsión Social; US$ 10 millones dirigidos a la exoneración de servicios básicos y subsidio a independientes.