Desde el Viceminis­terio de Economía, del Ministerio de Hacienda, celebran la apro­bación por parte de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la asignación gene­ral de los derechos especiales de giro (DEG), equivalente a US$ 650.000 millones, a todos los países miembros. Paraguay recibirá unos US$ 250 millones que destinará al financiamiento del proyecto de Ley de Consolidación Eco­nómica y Contención Social que busca asegurar salud, programas sociales y el apoyo a trabajadores y empresas.

La asignación general de los DEG entrará en vigor el 23 de agosto del 2021 y serán acre­ditados a los países miem­bros del FMI en proporción con sus actuales cuotas en la institución. Estos son acti­vos de reserva internacional creados por el FMI para com­plementar las reservas oficia­les de los países miembros. El valor de un DEG está basado en una canasta de cinco monedas. El viceministro de Economía, Iván Haas, aclaró que este aporte no puede ser considerado como deuda, ya que es una distribución que se realiza en proporción a la participación relativa de los países miembros. Aquellos que lo utilizan pagan un 0,5% de gastos administrativos y no intereses como sería en el caso de un préstamo.

El FMI autorizó a los paí­ses que así lo deseen a usar el dinero en sus economías internas no como reserva, sino para el fortalecimiento fiscal. Cabe recordar que los Derechos Especiales de Giro (DEG) son asignados típica­mente en períodos de crisis. Por ejemplo, el FMI distri­buyó DEG por valor de US$ 250 billones a sus miembros durante la crisis global finan­ciera del 2009.

Por otro lado, reiteran el pedido de tratar el proyecto de consolidación económica a Diputados. El Ministerio de Hacienda hizo un llamado nuevamente a la Cámara de Diputados a fin de que trate la propuesta del Ejecutivo, que cuenta con media san­ción en el Senado. La Cartera Fiscal está conforme con las modificaciones introduci­das al proyecto en el Senado y urge su tratamiento en la Cámara Baja.

La propuesta establece medidas concretas para atender la crisis sanita­ria, mitigar los efectos de la pandemia y apoyar la reacti­vación económica. Prevé rea­signación de recursos para el financiamiento de los obje­tivos del Gobierno y racio­nalizar gastos para lograr una mayor eficiencia en su utilización. El proyecto eng­loba US$ 365 millones. Con las modificaciones realiza­das en el Senado, los montos quedan de la siguiente forma: US$ 262 millones para gastos en salud y programas socia­les; US$ 23 millones para el subsidio para trabajadores formales suspendidos del Instituto de Previsión Social; US$ 10 millones dirigidos a la exoneración de servicios básicos y subsidio a indepen­dientes.

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