La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cerea­les (Cappro), en conjunto con otros gremios, se pronunció ante la preocupante labor de las instituciones estatales involucradas en el combate a actividades de contrabando o defraudación, considerando que nuevamente se agrava­ron en forma considerable.

Desde el gremio indican que la pandemia del covid-19 dejó a la economía paraguaya sumida en una crisis en la que las desigualdades se volvieron más pronunciadas, como tam­bién expuso los efectos de la informalidad sobre la econo­mía local al obligar al Estado Paraguayo a inscribir a perso­nas en situación de informa­lidad y presupuestar recursos genuinos y externos para el pago de diversos subsidios.

En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la dinámica del crecimiento en el 2021 pro­bablemente no logrará com­pensar la caída observada en la actividad económica del 2020 ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y desigualdad. Por lo que el gre­mio considera que es impor­tante impulsar acciones para la recuperación económica, a fin de continuar mitigando los efectos sociales, produc­tivos y económicos negativos de la pandemia.

“Ahora bien, para la recu­peración económica real, cualquier acción que no con­temple un combate firme al contrabando por parte de todos los organismos invo­lucrados, resultará, a corto plazo, en un terminante fra­caso”, anuncia el posiciona­miento en uno de sus frag­mentos.

En el texto insisten en que para los gremios y empre­sas que dan trabajo formal, el combate a la informalidad es vital para la seguridad jurí­dica y el éxito de las políticas de recuperación económica, como así también para tra­bajar el modelo de país que impulsa el desarrollo que queremos para el Paraguay en los próximos años. “La industria nacional es el motor de la tan anhelada reactiva­ción económica que necesita el Paraguay. Es imperativo hacer cumplir las reglas de producción, almacenamiento y comercialización, infor­mar sobre los peligros para la salud de las personas y sem­brar conciencia sobre cómo afecta a la industria y la eco­nomía nacional”, señaló San­dra Noguera, gerente general de la Cámara, a Hoy.com.

LA INFORMALIDAD

En Paraguay el consumo promedio nacional es de 7.500 tonela­das de aceite y grasas vegetales por mes, mientras que los datos recabados sobre la industria nacional y las importaciones regis­tradas dan cuenta de que existiría un faltante de unas 2.100 tone­ladas, que serían de origen dudoso, acaparando el 28,10% del total de las ventas, afectando nuevamente la competitividad y ventas de los aceites de origen nacional. Estas 2.100 toneladas de origen dudoso equivalen a más de 49 millones de dólares que se comercializan de manera informal.

Si este intercambio pagara impuestos estarían contribuyendo unos 4,51 millones de dólares para las arcas del Estado solo en lo que respecta al IVA, pero sin duda, el mayor perjuicio del contrabando es el de poner en riesgo los puestos laborales en las industrias aceiteras nacionales de cientos de trabajadores paraguayos.

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