La Asociación de Ban­cos del Paraguay (Asoban) manifestó la necesidad de definir altos niveles de seguridad en el proyecto de ley denominado “Servicios de confianza para transacciones electrónicas”, a fin de evitar el robo de iden­tidad, los fraudes, las extor­siones y otros delitos cone­xos. La idea es que exista un riesgo mínimo o, de ser posi­ble, riesgo cero e identificar a la persona que está haciendo una transacción digital.

El director ejecutivo de la Asoban, Édgar Alarcón, explicó que el artículo 103 del proyecto de ley debe ser orientado a lo que expresa el documento original, ya que en el Senado fue aprobado, pero se modificó el concepto. Comentó que la certifica­ción de los estándares debe ser alta, así como se expresa en la versión de Diputados. Sin embargo, en la Cámara Alta fue cambiada en su definición y eso debe corre­girse. “Con el estándar alto se busca que, cuando se pincha tu número telefónico, la per­sona que realizó esa manio­bra no pueda retirar dinero en el caso de que recibas un importe. Ese estándar alto evitará que suceda eso, es por eso que se debe cambiar nuevamente ese artículo a la versión original”, expresó el representante de la Asoban.

Agregó que los regulado­res del sistema financiero, incluida la Secretaría de Pre­vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), deben apoyar una norma para el beneficio de los usuarios y cuidando la seguridad de los mismos, de sus datos, de sus bienes y de su dinero, así como de todo el sistema en general.

De no contar con regulacio­nes de seguridad altas en la identificación electrónica, se vuelve vulnerable a todo el sistema y abre la puerta para el fraude, la extorsión en todas sus formas, vía vacia­miento de cuentas por robo de identidad y hasta trasfe­rencias fraudulentas que ter­minan en retiradas de efec­tivo de billeteras abiertas con identidad falsa.

“Es absoluta­mente necesario establecer los estándares de seguridad altos en las operaciones en el ámbito de las transacciones electrónicas en todos los sec­tores. Dichos estándares ya se aplicaron en el programa Pytyvõ, llegando a 1.300.000 beneficiarios, para lo cual se requirió previamente la acre­ditación del subsidio al bene­ficiario una comprobación fehaciente de la identidad de las personas inscriptas, adop­tándose medidas similares a las requeridas en el artículo 103 propuesto en el proyecto de ley y que permitieron com­probar la total viabilidad de la aplicación de las condiciones allí establecidas en un sector considerado vulnerable”, dijo Alarcón.

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