El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.

La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.

Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fis­cal Silvio Corbeta, de la Uni­dad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrup­ción, acusó y pidió juicio oral y público para el exminis­tro de la Secretaría Emer­gencia Nacional (SEN) Joa­quín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agra­vado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exau­toridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue pre­sentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estiga­rribia, que fijará la audien­cia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

Las investigaciones de la Fis­calía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licita­ciones e inflaban los precios para posteriormente repar­tirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concre­tar pagos por un valor apro­ximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

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Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.

De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.

A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

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Los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan cuenta que Para­guay estaría cerrando el pre­sente año con una inflación del 2,4 por ciento acompa­ñado de un crecimiento de su economía medido por el pro­ducto interno bruto (PIB) de casi el 4 por ciento. Esto sig­nifica contar con la primera posición en crecimiento en el Cono Sur, seguido de Uru­guay con un 3,7 por ciento.

A este prometedor pano­rama se agrega el saldo fis­cal del primer trimestre del presente año. Los reportes de organismos públicos y priva­dos indican una tendencia a la baja del déficit fiscal hasta llegar al 3 por ciento anual, en un contexto que resulta sumamente interesante a la hora de analizar la tarea del gobierno actual a la hora de calificar su gestión.

La gestión gubernamen­tal desde el Ejecutivo nacio­nal resulta aleccionadora e incentiva a los mercados nacionales como extran­jeros para atraer inversio­nes que se requieren, en un entorno internacional del cual no podemos sustraer­nos. En efecto, los precios de los combustibles, el comercio en el Oriente Medio, así como la coyuntura propia de nues­tros commodities ligados a la producción de otros países de mayor escala muestran que en Paraguay vamos haciendo bien los deberes.

Los deberes, en efecto, se hacen bien desde un gobierno cuando la inflación es de un dígito, el déficit va bajando y la producción del sector pri­vado. Y serán mejores aún con más seguridad. Sobre este último punto desde luego que hay mucho por hacer y se está haciendo, pero lo que no se deja de decir es que el Gobierno está haciendo lo mejor con relación a cuidar el bolsillo de la población.

Además, apenas días atrás el ranking de la consultora argentina CB lanzó los resul­tados de los 10 mejores presi­dentes de la República mejor posicionados y nuestro pri­mer mandatario, Santiago Peña, se encuentra en el ter­cer lugar con imagen positiva.

Es de resaltarse que tanto el control inflacionario como la reducción del déficit fiscal no provienen de un acto mágico como esperar a que suceda algo dejando que las cosas pasen y estén mejor.

De ninguna manera, la infla­ción y el déficit son provoca­dos por los Gobiernos al des­naturalizar sus funciones al servicio del pueblo, en con­secuencia, si tenemos con­trol inflacionario y se viene al mismo tiempo bajando el déficit fiscal, quiere decir que se está trabajando a diario y de modo perseverante para que el dinero del pueblo sea respetado manteniendo su poder adquisitivo, situación que no ocurre en otros países, lamentablemente erosiona­dos por medidas erróneas de política económica.

Los resultados en las cuestio­nes más arriba citadas, por tanto, provienen de las acti­vidades de un gobierno como el actual cuyo Ejecutivo –por encargo de la Constitución Nacional– tiene bajo su ges­tión el poder administrador del Estado, motivo por el cual quiere decir que se están uti­lizando de un modo eficiente y transparente los recursos proveídos por los contribu­yentes. Sin lugar a duda, la baja inflación y el menor défi­cit fiscal son logros que mues­tran respeto hacia el pueblo.