Los dirigentes gremia­les del sector bancario rechazaron la impo­sición de pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses de préstamos de la Caja Bancaria. Sobre ese punto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, aclaró que esta decisión es una sentencia de la Corte, expedida hace tiempo, donde fijó a la Caja Bancaria como contribuyente del IVA cuando hace préstamos.

El funcionario del Minis­terio de Hacienda especi­ficó que, por lo tanto, es una cuestión que escapa ya de la administración actual o del Gobierno, ya que se deter­minó en el gobierno ante­rior. “Nosotros inclusive, con la nueva ley, impulsa­mos la exoneración del IVA para el sector de pensiona­dos y de la Caja Bancaria. En tanto, hay que aclarar aquí que no es el Gobierno el que ahora impulsa estos cobros, sino que fue la misma Corte la que define, y nosotros por ende tenemos que cobrar”, expresó.

Orué agregó que fueron dos acciones judiciales realiza­das, una tiene que ver con la acción realizada por la Caja, porque la administra­ción tributaria del gobierno anterior definió que son contribuyentes del IVA, y la segunda es una resolu­ción, donde se determinó el impuesto. “Luego Hacienda apeló a esas dos acciones y una ganó, en donde se define que ellos son contribuyen­tes del IVA y ahora se está esperando la resolución que dice cuánto dinero tiene que pagar la Caja a Hacienda”, dijo.

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Los bancarios manifesta­ron su absoluto rechazo a la inscripción, resolución mediante y de oficio, de la Caja Bancaria como agente de retención del IVA sobre los intereses de los présta­mos, según la interpretación por parte de la SET de la Ley 5061/2013, hoy derogada por la Ley 6380/19, con vigencia desde enero del 2020, donde en su Art. 100, inc. 7, exonera expresamente de impuestos las operaciones de venta de bienes o prestación de servi­cios (préstamos) realizadas por las entidades de seguri­dad social, con sus afiliados, y deroga la Ley 5061/2013. Entre las resoluciones arri­badas por los gremios afines a la Caja Bancaria resaltan, entre otras, salir a las calles, dialogar con autoridades parlamentarias, asociacio­nes de bancos, y continuar con otras acciones legales, hasta lograr justicia social en defensa del derecho y res­peto a la seguridad social.

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