Para el economista y expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, contar con políticas macro, que si bien pueden y deben cumplir con un rol anti-cíclico, no son suficientes ya que según él, están desalineadas.

Esto, con relación a los resultados obtenidos durante el 2020 y que pese a la pandemia y las previsiones iniciales Paraguay fue uno de los países que menos cayó en la región (-0,5%), a lo que sumó las estimaciones de crecimiento del BCP para este 2021 del 4% incluso.

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“Una política fiscal con mayor déficit y/o una política monetaria con tasas de intereses menores, pueden ayudar a atenuar una recesión. Los problemas surgen cuando, pasado el mal año, hay que corregir estos desequilibrios”, expresó el profesional en su cuenta de Twitter.

Lo mencionado es teniendo en cuenta que la caída del 0,5% del PIB en el reciente año anterior fue acompañada por un nivel récord de déficit fiscal de -6,2% incluso, y una tasa de interés real negativa 0,7%.

En este punto, hay que mencionar que desde el Ministerio de Hacienda, explicaron que el déficit se debió exclusivamente a las medidas transitorias y excepcionales que fueron implementadas para mitigar el impacto del COVID-19 y a que el crecimiento de la deuda en el 2020 se relacionó principalmente a la pandemia, pero que no obstante, Paraguay siguió su curso como uno de los países con los niveles más bajos de deuda.

Y en contrapartida, Fernández Valdovinos recomendó testar la causalidad de tal desenlace, ya que si las políticas respaldadas fueron las responsables del relativo buen resultado, las fundamentaciones deberían ir más allá de la simple retórica, dijo.

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Respecto a las proyecciones de crecimiento para este 2021, que estarían en un 4%, sobre lo cual insiste que las políticas macro están claramente desalineadas a tal expectativa positiva. “Es inevitable la normalización de las mismas y empezar a reconstruir los márgenes de maniobra para enfrentar futuras crisis”, subrayó.

El Gobierno dio a conocer las cifras de la ejecución presupues­taria realizada el año anterior, que se vio signada por la emer­gencia del covid-19. Aunque gran parte de sus desembolsos se destinó a la realiza­ción de obras públicas, el monto de los fon­dos dirigidos a gastos improductivos sigue siendo el principal destino del presupuesto público.

Durante el 2020, el total de erogaciones que realizó el Gobierno para la marcha del país tuvo un aumento del 22,5% sobre lo que había gastado en el 2019. Los informes del Ministerio de Hacienda resaltan que parte importante de estos gastos se hizo para inversiones en obras de infraestructura. Estos aumentos en los desembolsos de capi­tal hicieron menos dura la situación econó­mica vivida por el país a causa de los pro­blemas ocasionados por la pandemia. Sin embargo, la escasez de recursos y el menor margen de déficit permitido hará que este año el porcentaje de inversiones sea menor.

Las cifras oficiales revelan que en todo el 2020 el gobierno central ejecutó gastos por 52,4 billones de guaraníes, 9,6 billones de guaraníes más que el 2019. El incremento se explica por la toma de nuevas deudas y por las mayores erogaciones que se realizaron para enfrentar la situación producida por el problema sanitario.

Del total del dinero erogado, una parte importante, el 32%, correspondió a plata que se prestó mediante más préstamos. El componente mayor, el 52%, vino del pre­supuesto originado en los ingresos tribu­tarios, en tanto que el 16% restante fue de los recursos generados por las institucio­nes públicas. Llama la atención que casi una tercera parte (32%) del total erogado el año pasado por el Estado sea dinero conseguido a través del endeudamiento.

Solo cuatro ministerios gastaron la mayor parte de los fondos desembolsados, pues canalizaron el 77,5% del total. Los minis­terios de Hacienda, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Salud Pública, además del de Educación y Ciencias fueron los prin­cipales.

Salud Pública desembolsó 6 billones de guaraníes, y el 61,6% de esa suma se des­tinó para salarios del personal sanitario. Esa cartera registró un aumento de 661.000 millones de guaraníes, suma con la que se contrató a 6.432 personas dedicadas a la atención de la salud.

El Ministerio de Hacienda canalizó 19,4 billones de guaraníes de los que el 70% se destinó a programas sociales, como pen­siones, pagos a jubilados, transferencia a gobernaciones y planes de contención, como los subsidios del programa Pytyvõ. El Ministerio de Educación y Ciencias rea­lizó gastos por 8,4 billones de guaraníes, en tanto que el de Obras Públicas hizo eroga­ciones por 6,8 billones de nuestra moneda.

En el 2020, el motor de la economía fue la construcción, según el Banco Central. Su desempeño tuvo un alza del 9,8%, que, com­parado con el de la agricultura, que creció 9%, y la ganadería, que aumentó 5%, es el de mayor crecimiento. La contribución del Ministerio de Obras Públicas en este ren­glón fue importante, pues su ejecución en obras fue cercana a los 1.000 millones de dólares.

Pero las cifras gastadas en el 2020 ya no podrán alcanzar un alto nivel este año debido a una serie de nuevos elementos de la actualidad. Por eso el porcentaje de inver­siones será menor, lo que se notará sobre todo en Obras Públicas, que podría invertir cerca de 600 millones de dólares, mucho menos que el año anterior.

Por si quedara alguna duda, las disposicio­nes aprobadas en la ley presupuestaria no tolerarán en el 2021 alcanzar los niveles de inversión ni de deuda del 2020 en que se consintieron algunas excepciones por la pandemia. La situación financiera del Estado es de cuidado y, a esta altura de las cosas, no surgen señales de que se pudiera dar un salto positivo en la materia. Las recaudaciones previstas son limitadas y la ley de presupuesto permite llegar este año solo al 4% del déficit fiscal, y no se podrá repetir el 6% de saldo negativo del año anterior.

Todo esto indica que el Estado está mania­tado ya que no podrá llegar a los excesos permitidos en el 2020 para no agregar más peligro a la estabilidad macroeconómica del país.

El déficit habitacional en Paraguay ronda las 800 mil viviendas y 3 millones de personas se ven afectadas por esta situación. En una nueva edición del programa “Fuego Cruzado”, emitido por el canal GEN y conducido por los periodistas Augusto dos Santos y Benjamín Livieres, se analizó este tema considerado vital y que impacta de manera importante en términos sociales.

Para conocer los proyectos con los que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) va a encarar este sensible tema, fue invitado su titular, el abogado Carlos Pereira, de vasta y reconocida trayectoria al frente de otros organismos del Estado.

Escuché las cifras y me parece que son un poco más, incluso. Pero más allá del déficit cuantitativo, también hay que hablar de las falencias en la calidad de las viviendas existentes. Justamente esta mañana estuvimos con el presidente de la República hablando del departamento Central y complementando 23 viviendas que ya se habían inaugurado, hoy fueron 11 y en lugares donde estuvieron mucho tiempo postergados, son los gancheros de Cateura.

Pero realmente lo que importa es la política pública orientada al desarrollo y a la creación de condiciones y de programas y acciones que tengan que ver con la manera contributiva de poder generar las condiciones para que el déficit habitacional sea menor.

La pregunta es ¿por dónde comenzar? Apenas ingresé a esta institución y comencé a mirar que en la misma carta orgánica está consagrada a editar las políticas públicas en materia de urbanismo, vivienda y hábitat. Ya está incorporada dentro de la estructura organizacional la figura del viceministerio de Urbanismo y creo yo que debemos comenzar por allí.

La política pública que nosotros queremos desplegar y la orientación que tenemos es precisamente cambiar todo lo que tenga que ver con la estructura orgánica y eso conlleva cambios en las pautas sociales, culturales, de ética y de moral, de manera que podamos crear las condiciones para que, desde el sector público, hoy podamos ofrecer y convocar al sector privado para que se presenten realmente los proyectos y las propuestas en los que estamos en déficit con la ciudadanía.

Esta pandemia nos ha impactado muy duro en materia sanitaria y también económicamente, y hoy, quizás paradójicamente, luego de un encierro en el que todos los sectores, ya sean primarios, secundarios o terciarios y sobre todo los servicios, se han resentido e incluso ha aparecido una nueva modalidad, que es el teletrabajo.

Hemos tenido recortes importantes que impactan en el presupuesto, alrededor del 35 por ciento menos en el presupuesto y aun así el ministerio cierra el ejercicio 2020 con 64 por ciento de ejecución presupuestaria y vamos a tratar de contrarrestar ese espacio que se reduce en materia de presupuesto, con gestión, que vamos a traducir en la burocracia, incorporar otros sistemas de control que hagan que se tenga un mayor y mejor contacto de interacción.

Al ingresar al MUVH, encuentro un inventario de 1.627 viviendas sin terminar, 633 rescindidas y comienzo a observar la dinámica de los proyectos existentes, entre los cuales está el de Mariano Roque Alonso, que está en plena ejecución y se tiene previsto terminarlo para el mes de julio.

Allí tenemos 600 viviendas derivadas de los fondos de Taiwán y terminamos la semana pasada presentando el pedido de aprobación de planos de las 93 soluciones habitacionales que hace tiempo están derivadas al IPS. Son tres bloques de 31 departamentos cada uno.

También queremos hacer el llamado dentro de los próximos 15 días para el cerramiento de esos departamentos y llamar inmediatamente a una licitación para poder tener una oferta dedicada a la clase media en el sector de Mariano Roque Alonso.

Estamos hablando con AFD y con los bancos para articular un fideicomiso y poder ofrecer a las más de 1.800 solicitudes que obran hoy dentro del ministerio que piden departamentos, aperturas de viviendas, que se les construya en el terreno que ya tienen.

Tenemos un déficit que queremos atacar y es el orientado a la clase media y a los inmuebles que tiene el MUVH, quisiéramos darle la rentabilidad ofreciendo al sector privado la posibilidad de competir presentando sus proyectos.

Hay que reconocer que nosotros tenemos dos fuentes de financiamiento, una de US$ 47 millones, con la reciente ley que aprueba 4.100 viviendas a ser construidas con ese recurso, además de las 5.120 viviendas que están proyectadas dentro del presupuesto institucional, aun con el recorte del 35 por ciento.

Tenemos planificadas 9.200 viviendas y creemos que eso representa casi US$ 80 millones y que podrían ser más. Lo que quisiéramos es poder articular los mecanismos que nos permitan crear condiciones para atender todo el sector vulnerable de las viviendas sociales.

También quisiéramos que hoy el ministerio se erija en un instrumento novedoso e innovador y que esté en permanente contacto con el sector privado. De hecho, venimos conversando con arquitectos, con ingenieros y con emprendedores o con la academia, para que nos permitan tenerlos dentro de nuestra organización como pasantes, como para también poder participar dentro del proceso de planificación urbana que se tiene.

Hace una semana hemos intervenido, por llamarlo de alguna manera, volviendo a hacer presencia en el territorio. Las asimetrías que se observan es por la falta de la presencia de una institución que ponga orden. Lo que se hizo en el barrio San Francisco es muy relevante y por eso nosotros estamos tratando de continuar con un complemento que le falta: volver a asistir a esas familias que están allí y buscar un brazo de apoyo como la generación de empleos.

Hace una semana estamos haciendo una actualización de las fichas sociales de las familias que ya estaban viviendo y aquellas que han dejado de asistir y de otras, que raya un poco la irregularidad, estaban usurpando lugares que no les corresponden.

Estamos fortaleciendo las reglamentaciones y estableciendo el control en todo el proceso desde la adjudicación hasta el final. Estamos creando la incorporación de registros de fiscalizadores y estamos levantando la vara en el sentido de solicitar exigencias que anteriormente no tenían, por ejemplo que las entidades que se dedican a los servicios de asistencias técnicas tengan cierto nivel de controles y que estén inscriptos en los organismos de control, como la Seprelad o la SET.

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También estamos revisando las formas en las que se entregaban los desembolsos y las discrecionalidades contractuales que existían. Creemos que todas estas revisiones puntuales y verificaciones in situ nos permiten saber a ciencia cierta que las empresas existen y se dedican a lo que dicen. También verificamos la calidad a través de los arquitectos y los técnicos de la Dirección de Hábitat y de la Dirección Técnica de Fonavis, quienes visitan los lugares.

Todo esto se hizo a partir de las 1.627 casas sin terminar y eso me llevó a desarrollar una idea que hoy estamos terminando de reglamentar, como para tener un trazado como los que se tienen en cualquier proceso de compra y adjudicación.

Más allá de la tipología o de la característica que pueda tener un sistema de compra, lo que importa son los valores, la conducta, los delineamientos y la cantidad de requisitos que uno pone.

Exactamente, nosotros estamos llamándole a la gente y estamos compartiendo con ellos mismos las ideas que tenemos, de manera que nadie diga “estos están trabajando a puertas cerradas” como en algún momento se me insinuó y que de esa manera iba a perjudicar los servicios de asistencia.

Lo único que nosotros queremos es precautelar los recursos públicos y que lo que se pague llegue realmente a destino, en buena forma y con procedimientos de control.

Hay un proyecto cuyo desarrollo está en curso desde el 2016, pero está un poco parado y es un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene tres componentes. Uno de esos componentes se trata del fortalecimiento de toda la Chacarita Alta, detrás del Ferrocarril, en el barranco de Tacuary y Antequera, donde desembocan todos los raudales.

Eso ha llevado por delante a más de 64 hogares que estaban en el borde del arroyo. Hoy ese proyecto está en un 25 por ciento de ejecución y en ese lugar se están edificando las casas para esas familias. Asimismo, hay otro plan maestro que es el que se tiene con la Municipalidad de Asunción, donde todo el refulado de la zona del Bañado Norte, donde se pretenden construir mil viviendas, también están en plena ejecución.

El problema es el lento avance de esos proyectos y no se compadece con la verdadera realidad económica y social que hoy estamos atravesando. Por eso les decía yo a la gente del BID que nosotros para atender situaciones extraordinarias, también tenemos que tomar decisiones con carácter extraordinario y tenemos que flexibilizar los plazos, porque es muy triste tener un saldo disponible y que por una cuestión burocrática yo tenga que mirar lo que la gente necesite.

Yo insisto en que tenemos un presupuesto, si bien ajustado, aun así vamos a hacer. Por un lado, US$ 47 millones, que van a ser disponibilizados a partir de marzo para ser ejecutados en este ejercicio 2021. O sea, que no van a ser 20 millones nada más, sino los 47 más otros 43, serían casi 80 a 90 millones de dólares, pero aun así coincido 100 por ciento en que es insuficiente para mitigar las necesidades que tenemos en materia habitacional.

No solamente vamos a hacer viviendas sociales porque nosotros también queremos ser un actor importante desde el Gobierno, creando las condiciones para que las necesidades insatisfechas de la clase media también tengan hoy una diversidad de oferta.

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