Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.

• Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

La Cámara de Comercio Paraguayo Japonesa llevó a cabo el “Foro de Negocios Paraguay Japón” con la presencia del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el presidente de la República Santiago Peña, y altas autoridades nacionales. En la ocasión empresarios japoneses expusieron su experiencia de negocios y expectativas hacia el Paraguay. Además, se anunció la firma de acuerdos entre instituciones nacionales y japonesas.

El presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Japonesa, Marcelo Toyotoshi, sostuvo a La Nación/Nación Media que mediante el foro buscan mostrar las grandes oportunidades de inversión del país considerando la Ley de Maquila, la política fiscal y la estabilidad macroeconómica.

“La visita del primer ministro marca un punto clave en donde se reanudan los esfuerzos tanto de Japón y Paraguay para lograr traer a grandes empresarios y que conozcan al país y vengan más inversiones de empresas japonesas. Estamos muy entusiasmados de que sea un punto de partida para nuevas inversiones”, dijo.

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En la primera sesión del foro que se realizó en el edificio corporativo del Grupo Toyotoshi, mencionaron que aunque el tamaño del mercado paraguayo en sí es pequeño, los japoneses consideran que es una puerta de entrada al Mercado Común del Sur (Mercosur) mediante el Corredor Bioceánico. Así también, los bajos costos operativos son atractivos no solo para la fabricación sino también como base de negociación medioambiental.

Las condiciones para hacerlo más atractivo son un acuerdo de inversión celebrado entre Japón y Paraguay, y un acuerdo al sistema de crédito bilateral. En la ocasión, el viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) realizó la plataforma del país resaltando el clima de negocios de Paraguay. “Hacer negocios en este país es fácil y tenemos la ventaja de tener a las autoridades muy cerca. Las puertas están abiertas y están disponibles para todos ustedes”, explicó.

Desde que asumió el cargo, el primer ministro Kishida viene manteniendo reuniones con altas autoridades para reafirmar un mayor fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la cooperación en el ámbito internacional.

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Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe para perjudicar a Horacio Cartes.

• Por Cinthia Mora

Un reporte de audi­toría interna de la Seprelad orde­nado por la actual minis­tra, Liliana Alcaraz, deja al descubierto cómo funcio­naba el engranaje para fil­trar informes de inteligencia con el objetivo de perseguir a enemigos políticos. El cargo de viceministra de Seprelad fue otorgado tras más de dos años de estar vacante como “premio” tras el “exitoso” operativo de filtración.

La Dirección de Investiga­ción Jurídica de la Sepre­lad reportó, en fecha 15 de diciembre de 2023, un informe conclusivo tras la aplicación de un sumario con el objetivo de determi­nar las circunstancias en las que ocurrió la divulga­ción indebida de datos con­fidenciales relacionados a un pedido de informe de la República de Panamá.

Este pedido fue remitido a las autoridades de nues­tro país a través de la pla­taforma de la Red de Recu­peración de Activos del Gafilat (RRAG) el 16 de diciembre de 2022. La soli­citud consistía en un pedido puntual sobre los antece­dentes policiales y judicia­les del expresidente de la República Horacio Cartes, en el marco de una causa abierta en ese país tras la divulgación de los Pandora Papers, una investigación del Consorcio de Periodis­tas de Investigación.

El manejo interno de este pedido de informe quedó expuesto tras la decla­ración testimonial del funcionario Derlis Ruiz Báez, quien fue el analista designado para respon­der el pedido de informe de Panamá. En su decla­ración, el funcionario reveló que recibió ins­trucciones escritas y ver­bales del funcionario Gui­llermo Preda (imputado en la causa de filtracio­nes) ordenándole adjun­tar, además de la informa­ción solicitada, reportes de prensa negativa que afectaban la imagen del expresidente Cartes.

De acuerdo al relato del fun­cionario, el 14 de enero de 2022, a las 16:00, remite por correo institucional el informe solicitado, con los agregados solicitados, a los funcionarios Guillermo Pereira y Carmen Pereira. Ese mismo día, el conte­nido de esa información confidencial se filtraba a los medios de prensa a través de declaraciones de Arnaldo Giuzzio.

Llamativamente y poste­rior al “exitoso” operativo de filtración del informe confidencial de Panamá se nombra por decreto presi­dencial en el cargo de vice­ministra de la Seprelad a Carmen Pereira, entonces directora general de Análi­sis Financiero y Estratégico, apuntada como la “mimada” de Carlos Arregui y ejecu­tora de los operativos de fil­tración que se registraron ese año.

El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceminis­tra hace referencia a una ley de 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta (Viceministe­rio) y que desde entonces estuvo vacante llamativa­mente por dos años, siendo posiblemente reservado como “premio” para la persona que se encargara de elaborar y coordinar las filtraciones.

En mayo del año 2022 ini­ciaron las sucesivas publi­caciones mediáticas basa­das en supuestos informes de inteligencia de la Sepre­lad que tenían como obje­tivo principal el ataque polí­tico teniendo en la mira las internas del Partido Colo­rado. Los blancos estaban identificados: Horacio Car­tes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan esta­ban en los puestos claves.

Funcionarios de instituciones que colaboraron para destapar el operativo garrote montado en la Seprelad en la era Abdo son blanco de ataques por parte de la defensa mediática del exmandatario. Liliana Alcaraz, actual ministra de Seprelad, y Juan Patricio Vallejos, director de investigación de la institución, refutan las mentiras de Abc.

• Por Cinthia Mora

La estrategia mediá­tica instalada desde el Grupo Zuccolillo para defender al expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete consiste en sistemáticas campañas de desprestigio contra fun­cionarios que colaboraron para esclarecer el opera­tivo de montaje y filtración de informes de la Seprelad con fines políticos.

En todas las publicacio­nes realizadas por el medio abdista, que amplifican la versión de los abogados defensores de los imputa­dos sobre la causa penal abierta por las filtraciones, existen más cuestionamien­tos y ataques al trabajo de la Seprelad y la Fiscalía antes que hacer mención a los gra­ves hechos mencionados en el acta de imputación.

Una de las afectadas por la campaña de ataques es Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, quien al llegar al cargo en el mes de agosto de 2023 ordenó una investigación interna para poner en orden la casa y colaborar con la investigación de la Fiscalía.

La funcionaria fue acu­sada, sin fundamentos, por el diario Abc de ser “partí­cipe” de las filtraciones en el mes de enero de 2022, ya que la misma, supuestamente, ejercía el rol de “punto de contacto” del sistema que recibió el pedido de infor­mación de la Fiscalía de Panamá sobre Cartes.

Documentación mediante, se desmonta una de las tan­tas mentiras de Abc y se prueba la versión de Alca­raz, quien afirmó que recién tuvo acceso al sistema men­cionado el 8 de marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtra­ción a los medios Abc Color y Última Hora, y de la decla­ración del entonces minis­tro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el res­ponsable de revelar públi­camente el contenido del pedido de cooperación de la Fiscalía panameña.

La investigación interna de la Seprelad proveyó a la Fiscalía datos del registro informático de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, testimonios de funcionarios e informa­ción precisa sobre los par­tícipes del montaje de una oficina paralela dentro de la institución exclusivamente para perseguir a los enemi­gos políticos del gobierno de turno.

Juan Patricio Vallejos Riart, actual director de Investiga­ción Jurídica de la Seprelad, desmintió las publicaciones del diario Abc donde se ase­guraba que el mismo cobró doble remuneración.

La versión difundida por Abc es que, entre julio de 2022 y julio del año pasado, este funcionario cobraba simultáneamente en dos entes públicos. Uno de ellos era el Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados, como director de Gestión Interna, mientras que el otro era el Ministe­rio Público, como asistente fiscal.

El funcionario acreditó, documento de por medio, que nunca se benefició cobrando doble salario. La resolución 2161 de fecha 15 de junio de 2022 de la Fis­calía General del Estado le otorgaba permiso sin goce de sueldo desde el 1 de julio de 2022 hasta julio de 2023.

Sobre el desempeño de sus funciones al frente de la Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad y los resultados de la investiga­ción interna sobre las filtra­ciones señaló, en contacto con nuestro medio, que solo se limitó a realizar sus fun­ciones en el marco de lo que la ley establece.