El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) emitió un comunicado en el que manifiesta su total desaprobación al proyecto de ley que establece el “régimen de reexportación del turismo comercial”.

“Basamos nuestra posición en que –como es sabido por los agentes económicos involucrados- este proyecto apunta a reemplazar el anterior proyecto de ley de tiendas fronterizas, que a principios de año no tuvo acuerdo entre el sector empresarial nacional y los empresarios que lo apoyaban. Cabe recordar que en esa ocasión, incluso, varios organismos del Estado –tales como el propio Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Aduanas, así como el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN, entre otras– manifestaron la imposibilidad de control, ni garantía para impedir que las mismas mercaderías sean comercializadas en el mercado interno o zonas comerciales habituales del país”, sostiene el CIP.

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El organismo también considera inconstitucional al citado proyecto de ley por atentar contra los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia económica. “El proyecto actual pretende un sistema de tributo o régimen diferencial –ya no solo para zonas fronterizas como el anterior, sino para todas las cabeceras departamentales del país– cuya asimetría en el cobro de impuestos que se plantea sería un factor que contribuirá aún más al trato discriminatorio para los empresarios que operan a nivel nacional; por todo lo cual reafirmamos el notable efecto negativo para toda la economía nacional, con el fisco incluido por la dramática caída estimada en sus recaudaciones”, señala.

También aduce que implementando dicho proyecto dispondría que se pueda importar “toda clase de mercadería”, que no sea prohibida.

“Por ende, las mercaderías importadas por este sistema no podrán ser tramitadas, registradas, verificadas, controladas ni certificadas por las instituciones naturales de control del Estado paraguayo como son: MIC, MSPyBS, MAG, Senave, Mades, INTN, Senad, INAN, Dinavisa, Dimabel, entre otras, todo lo cual representa además un gran peligro a la salud pública –generándose también desigualdad en los controles sanitarios del comercio paraguayo– y además de alentar al peor y mayor flagelo para la economía paraguaya, que es el contrabando”, resuelve.

Finalmente, el documento afirma que competir a nivel internacional únicamente otorgando más beneficios o quitas generará una “carrera hacia el fondo”, que acarrearía consecuencias negativas para todo el país. “Paraguay, por su situación geográfica, superficie, población y tamaño de su economía, tiene una manifiesta desventaja y está lejos de ser comparable con el Brasil. Por todo ello y mucho más, solicitamos formalmente al Congreso Nacional el rechazo de este proyecto de ley.”

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El sector empresarial está muy preocupado por la apreciación del dólar, cercano al 10% en lo que va del 2020, tras casi tocar los G. 7.000 a la venta en el mercado minorista. “Tuvi­mos reuniones con el Banco Central del Paraguay (BCP), y los directivos nos dicen que dejan que fluctúe el tipo de cambio, según como se com­porta en la región”, explicó el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Nery Giménez. El titu­lar del gremio aclaró que con esta situación del dólar, los márgenes se limitan, ya que siempre asesoran a sus miembros a que usen herra­mientas para protegerse.

El dólar se encuentra en las puertas de los G. 7.000 den­tro del mercado mayorista de cheque y transferencia. Actualmente la demanda de dólares está probable­mente en sus niveles más altos; resalta el comentario semanal de Basa Capital. Enfatiza que, tal es así, que el Banco Central del Para­guay (BCP) reporta un pro­medio de ventas diarias al mercado de US$ 7 millones, logrando suavizar el pro­ceso devaluatorio. El único oferente de relevancia sigue siendo el ente matriz mone­tario, especifica.

La devaluación acumulada, esta ya supera el 8% en lo que va del año, señala Basa Capital. “Ubicamos soportes o pisos en G. 6.800 y G. 6.750; mientras que las resistencias en G. 7.100 y G. 7.200, para el corto plazo”, comenta. En general, de acuerdo señala Infobae.com, las monedas y bolsas de valores de la región tuvieron un cierre dispar la jornada del viernes en medio de una mayor aversión al riesgo ante una escalada en la tensión entre China y Estados Unidos.

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) emitió un comunicado donde manifiesta su reconocimiento hacia el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez, por el veto presidencial al proyecto de ley que modificaba un artículo de la normativa que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas.

“Como es de público conocimiento y en nuestra opinión resumida, el citado proyecto no respeta el derecho a la igualdad de oportunidades consagrado en nuestra Constitución Nacional, ni la defensa de la competencia en los mercados y tendrá una afectación muy negativa a importantes sectores de nuestra economía –como el sector importador–, que generan cuantiosas recaudaciones fiscales y ocupación de mano de obra, a través de su importante cadena de valor que incluye a profesionales y trabajadores, en forma directa e indirecta”, manifiesta el documento.

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El mencionado proyecto de ley pretendía incrementar al 40% el margen de preferencia a los productos y servicios. Hay que tener en cuenta que actualmente el porcentaje establecido en las contrataciones públicas es del 20%.

Con el veto del presidente, el proyecto vuelve al Congreso Nacional y solo quedará aprobado en caso de que ambas cámaras rechazan la objeción total del Ejecutivo.

El CIP además, sostiene, que la decisión del Congreso paraguayo contraviene toda una estrategia nacional de remoción de obstáculos al libre comercio, especialmente al interior de los distintos bloques económicos a los que nos adherimos como país.

Añaden que consideran que se trata de una norma proteccionista y absolutamente contradictoria con las aspiraciones de Paraguay en materia de comercio internacional. “No debería ser sancionada una ley que significará una importante erogación de recursos –limitados siempre– para el Estado paraguayo por el sobrecosto del 40% (cuarenta por ciento) más que deberá ser pagado, en definitiva, por todos los ciudadanos y menos aún en plena pandemia COVID-19”, refiere el organismo.

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