Paraguay retrocedió dos puestos en el ranking de inclusión financiera, ubicándose en el puesto 7 entre los países de América del Sur, según el índice de inclusión financiera, estudio diseñado por The Economist Intelligence Unit. El reporte tiene el objetivo de analizar las regulaciones y políticas empleadas por los gobiernos para aumentar la inclusión financiera.
En ese sentido, su calificación no refleja necesariamente los resultados reales obtenidos en materia de inclusión, pero sí evalúa la existencia de un ambiente propicio para que se desarrolle dicho aspecto, según aclara un análisis de la consultora local Mentu.
En el caso paraguayo las principales fortalezas se encuentran en la entrada al mercado, la privacidad de los datos y la debida diligencia del cliente. Por otra parte, sus principales debilidades tienen relación con una carencia de estrategias amplias que favorezcan la inclusión, y la falta de un sistema de información que permita el intercambio de datos.
En cuanto a los resultados, se puede afirmar que el efecto de las políticas y regulaciones aun fueron limitados.
Según datos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), a setiembre del 2019 existían 154 canales de acceso a servicios financieros por cada 100.000 adultos, y la bancarización, que es el número de cuentas bancarias por habitantes, no llegaba al 40%.
En ese sentido, hay que resaltar que el 2014 el Gobierno creó el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), el cual es una iniciativa que busca la coordinación de acciones públicas y privadas para la implementación de programas y políticas de inclusión financiera. El instrumento para llevar a cabo dicho objetivo es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), que en la actualidad está siendo estudiado con el fin de determinar los avances logrados y las debilidades que se tendrían que superar para alcanzar una mayor inclusión financiera de los habitantes del país.