Paraguay retroce­dió dos puestos en el ranking de inclu­sión financiera, ubicándose en el puesto 7 entre los paí­ses de América del Sur, según el índice de inclusión finan­ciera, estudio diseñado por The Economist Intelligence Unit. El reporte tiene el obje­tivo de analizar las regulacio­nes y políticas empleadas por los gobiernos para aumentar la inclusión financiera.

En ese sentido, su calificación no refleja necesariamente los resultados reales obtenidos en materia de inclusión, pero sí evalúa la existencia de un ambiente propicio para que se desarrolle dicho aspecto, según aclara un análisis de la consultora local Mentu.

En el caso paraguayo las prin­cipales fortalezas se encuen­tran en la entrada al mercado, la privacidad de los datos y la debida diligencia del cliente. Por otra parte, sus principa­les debilidades tienen relación con una carencia de estrate­gias amplias que favorezcan la inclusión, y la falta de un sis­tema de información que per­mita el intercambio de datos.

En cuanto a los resultados, se puede afirmar que el efecto de las políticas y regulaciones aun fueron limitados.

Según datos de la Superinten­dencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), a setiembre del 2019 existían 154 canales de acceso a ser­vicios financieros por cada 100.000 adultos, y la banca­rización, que es el número de cuentas bancarias por habi­tantes, no llegaba al 40%.

En ese sentido, hay que resal­tar que el 2014 el Gobierno creó el Comité Nacional de Inclusión Financiera (CNIF), el cual es una iniciativa que busca la coordinación de acciones públicas y priva­das para la implementación de programas y políticas de inclusión financiera. El ins­trumento para llevar a cabo dicho objetivo es la Estrategia Nacional de Inclusión Finan­ciera (ENIF), que en la actua­lidad está siendo estudiado con el fin de determinar los avances logrados y las debilidades que se tendrían que superar para alcanzar una mayor inclusión financiera de los habitantes del país.