Paraguay está en el puesto número 9 de 16 países de la región en lo que respecta a la inversión pública, lo que representa casi la mitad del tablero regional con un promedio anual de 2,77% del PIB entre el 2000 y el 2016, de acuerdo con el informe estadístico del Banco Interamericano de Desarro­llo (BID).

El último registro del orga­nismo multilateral estima que Paraguay tuvo incrementos en la inversión pública desde el 2013 en relación al PIB y en valores, aunque en el 2015 cayó momentáneamente el uso del dinero público. El gobierno central es el principal inver­sor, que cubre el 78,31% del total, seguido por las entida­des públicas que representan el 10,45%, los gobiernos loca­les con el 7,33% y los regiona­les con 3,91%.

La principal finalidad de las inversiones es la construcción de viviendas (45,29% del total), protección social (13,5%), salud (8,99%), educación (7,96%) y seguridad (6,44%).

“Nuestros ingresos tributarios son reducidos, posiblemente los menores de la región. Por ende, nos cuesta expandir el gasto público. Sin conside­rar si el gasto es malo o no, es muy poco lo que se invierte y muchos de los recursos son des­tinados a educación y salud”, señaló el economista Julio Ramírez, del Centro de Análi­sis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), al portal de noticias Infonegocios.

Mientras que en promedio, en Latinoamérica el 29,56% de la inversión total se des­tina a transporte, el 18,4% a vivienda, 9,06% a educación y 7,39% a salud, de acuerdo con el reporte del BID.

La inversión pública de la administración central fue de US$ 1.120,6 millones al cierre del 2019 (2,9% del Pro­ducto Interno Bruto), lo que representa un crecimiento de 48,5% en comparación con el 2018. Del total, el Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) ejecutó US$ 852,4 millones, siendo el principal impulsor de la inversión pública.

Al desglosar el total de la inver­sión pública, el sector salud eje­cutó US$ 51,6 millones; edu­cación, US$ 45,3 millones; agricultura, US$ 33,2 millones; el Ministerio de Hacienda, US$ 21,1 millones; Presidencia, US$ 15,7 millones, y otras entida­des (resto del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Contraloría y Congreso Nacional), US$ 101,2 millones.