El sector productivo ve con mucha preocupación la intención de ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un pacto regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Esta inquietud hizo llegar la Unión de Gremios de la Producción (UGP) al ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios.

Los gremios tomaron conocimiento oficial de este proyecto de ley el pasado 28 de noviembre por medio de una invitación del presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, para participar de la audiencia pública a fin de analizar el mismo. Añaden que en el proceso de revisión sobre los antecedentes y las justificaciones de carácter nacional e internacional a este proyecto de ley, han identificado una serie de cuestiones que afectarían al país en diversos ámbitos. Citan que en el sector comercial incorpora el Principio Precautorio, Art. 3, inc. F, principio que Paraguay, en el marco de otros acuerdos como el de Cartagena, siempre se opuso a la aceptación, pues puede tornarse en una barrera paraarancelaria al no requerir base científica justificada, pudiendo volverse una barrera comercial no arancelaria para las exportaciones agropecuarias, lo que significa un valor de US$ 6 mil millones que entra en zona de riesgo.

Se da reconocimiento a grupos que promueven el medio ambiente (ONGs), pudiendo dar pie a que algunos grupos ambientales radicalizados puedan bloquear el uso de nuevas tecnologías de producción o incluso las inversiones en infraestructura de países, basados en el Principio Precautorio, alegando que van en detrimento del ambiente, sin necesidad de pruebas científicas que avalen esta posición y dan como un ejemplo reciente el caso Botánico.