El Banco de Desarro­llo de América Latina (CAF) presentó en Paraguay su informe “RED 2019: Integridad en las polí­ticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, en donde enfatizó la importan­cia de la lucha para lograr el desarrollo del país.

Joel Branski, representante de la institución en Para­guay, dijo que la CAF señala que elementos fundamenta­les como la buena gobernanza pública, la transparencia y la integridad, son claves para lograr que el crecimiento eco­nómico resulte en el desarro­llo y prosperidad de las socie­dades. “Si el desarrollo de las economías resulta benefi­ciosa de bienes y servicios, y no lleva el control sobre los problemas del Estado, no generará la prosperidad que necesita. Al contrario, se puede generar tensiones entre lo político y lo social. La corrupción es uno de los prin­cipales problemas que limita el desarrollo”, resaltó.

En dicha presentación, se des­tacó la presencia, a través de un debate, del ministro de la Secretaría Nacional Anti­corrupción (SENAC), René Fernández; de Diego Martí­nez, director de la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Sepre­lad); así como de Sebastián Acha, de Prodesarrollo y el ex ministro de la Corte, José Altamirano.

Pablo Sanguinetti, vicepresi­dente de CAF, indicó que aun­que Paraguay figure entre los países con mayor nivel de per­cepción del contrabando, en base a lo manifestado por las empresas, una mayor trans­parencia y control, no solo al sector público, sino al sec­tor privado, ayudaría para el desarrollo del país.

De acuerdo con el reporte presentado por CAF, en Para­guay el 17% del sector empre­sarial percibe una incidencia del pago de sobornos y afir­man que se realizan las coi­mas, en el quinto lugar en la región donde Venezuela y República Dominicana lide­ran con el 44% y 24%, res­pectivamente. El promedio regional está por debajo del nivel local, en 12%.

Por otro lado, en cuanto al índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, Paraguay está entre los de mayores niveles de percepción, con 28 puntos de 100 (mayores niveles indi­can una menor percepción), mientras que Chile y Uruguay poseen 70 y 67 puntos.

“Una de las áreas de inter­vención en un programa de anticorrupción debería haber una sigilosa trans­parencia y control al sec­tor público y privado, que muchas veces también actúa de forma activa en estos casos, tratando de obtener beneficios. Los países avan­zaron mucho en esto, en lo que se le llama responsabi­lidad penal empresarial, en el sentido que penaliza y que genera penas fuertes”, acotó.

Estas leyes también exigen a las empresas una serie de pro­tocolo de integridad, en donde tienen que publicitar bien sus informaciones de actividad, organización, sobre benefi­cios finales de los dueños y generar mecanismos inter­nos de denuncias, para casos en donde empleados puedan denunciar casos de irregu­laridades y proteger a esos denunciantes, afirmó.

Lo importante es tener infor­mación y control, junto con la regulación del lobby, en donde haya muchos datos, princi­palmente en áreas sensibles, como el de las obras, sobre sus contratos, entre otros, dijo. Toda esta información, sobre los contratos y demás, deben ser públicos, aclaró.

En cuanto a los avances de Paraguay, mencionó que hay mucho que resaltar, pero que también hay mucho por hacer. “Esta oficina anticorrupción que genera información y cana­les de denuncias de la ciudada­nía es importante, así como el portal de datos públicos del Estado, aunque todavía no todos cumplen con el 100% con el envío de la información”, dijo.