El Ministerio de Hacienda no prevé frenar los gastos de inversiones, pero buscará el mecanismo y explicar en el Congreso Nacional la manera de suspender el tope de la Ley de Responsabilidad Fis­cal (LRF) para este año, en el caso que no se cumpla la misma, según el ministro de Hacienda, Benigno López.

El secretario de Estado señaló que con el Equipo Eco­nómico Nacional (EEN) se está analizando los caminos a tomar, en el caso de que se llegue a esa situación y que existe dos soluciones, o cor­tar los gastos, principalmente inversiones o recurrir al Con­greso Nacional de modo a sus­pender este año el límite de 1,5% de la LRF sobre el Pro­ducto Interno Bruto (PIB) que actualmente es de unos US$ 40.000 millones.

“La idea es no cerrar las puer­tas a las inversiones por lo que debemos ver que hacer sobre todo para impulsar las inver­siones, procurar de encontrar los medios más convenientes y no cometer errores. Si se pre­senta ese problema”, afirmó el ministro de Hacienda.

Comentó que para finales de setiembre y los primeros días de octubre se tendrá un pano­rama más amplio sobre los ingresos y ahí sabrán acerca de las decisiones a tomar en el caso de que se complique el com­promiso del país de no cum­plir con el tope fiscal. Explicó que mantener o aumentar el ritmo de las inversiones y sus ejecuciones mediante las obras públicas, es importante por el efecto rebote que puede causar el próximo año.

Durante la última reunión del EEN varios economistas y ex ministros de Hacienda fue­ron invitados, quienes pidie­ron que se cumpla la LRF por diversos motivos como, por ejemplo, por los inversionistas que creen y apuestan al Para­guay, entre otros aspectos.

“Estamos en ese desafío, lo ideal sería mirar hacia ade­lante y que una situación como esta tenga mecanismos de solución, estamos traba­jando en la propia ley de pre­supuesto en alguna propuesta para que la semana que viene podamos presentar en el Con­greso”, expresó el ministro.

La Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada en octubre del 2013 con el fin de ordenar el proceso de elaboración, apro­bación y ejecución del presupuesto público. La misma fija un tope máximo para el déficit fiscal o al exceso del gasto público sobre los ingresos totales de la administración central de hasta el equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año.

También determina que los salarios de funcionarios públicos solo pueden reajustarse al año siguiente de haber sido reajus­tado el salario mínimo para trabajadores del sector privado y como máximo hasta el mismo porcentaje de este reajuste. Establece que los gastos corrientes no pueden experimentar un incremento superior al 4% más la inflación proyectada por el Banco Central del Paraguay de un año a otro comparativa­mente.