El cumplimiento de la Ley de Responsabili­dad Fiscal (LRF) será muy complejo en este 2019, según estiman desde Basa­nomics. Desde su aproba­ción, dicha ley fue un ancla fundamental para darle sos­tenibilidad a la política fis­cal. Sin embargo, en el pre­sente año se observa varios puntos en contra, resalta el reporte Macro Trimestral de Basanomics.

“Se observa un aumento fuerte de los gastos corrientes primarios (del orden del 8% acumulado a julio), los cuales son rígi­dos y difíciles de disminuir en lo que resta del año), así como un aumento de los gas­tos de capital (del orden del 9%), los cuales no deberían recortarse en vista al desem­peño mediocre de la econo­mía ya que ello podría alargar la desaceleración”, explica el reporte.

Agrega, además, que hay un pobre desempeño de las recaudaciones tributarias (con un aumento de solo el 2%), las cuales reflejan la coyuntura económica y, por tanto, hay pocas expec­tativas que dicha dinámica pueda revertirse en el corto plazo; y una proyección de crecimiento del PIB que estará muy por debajo a lo inicialmente proyectado. “En resumen, existe un riesgo elevado que el nume­rador (déficit fiscal nominal) sea mayor y que el denomi­nador (PIB nominal) sea menor a lo esperado.

Sería adecuado que el Minis­terio de Hacienda reajuste en la brevedad posible su plan de racionalización presupuestaria, tomando en cuenta el decepcionante desempeño de las recau­daciones y evitando en lo posible cortes en gastos que impliquen demorar la recuperación económica”, argumentan los expertos de Basanomics.

A julio, el déficit fiscal alcanzó el límite legal pre­visto. A finales de julio, la administración central cerró con un déficit de G. 1,5 billones (US$ 255,2 millo­nes), lo que equivale a 0,6% del PIB. Con este resultado el déficit anualizado (i.e. en un periodo de doce meses) alcanzó el 1,5% de PIB, al tope de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fis­cal (LRF).

Esto debería constituirse en una señal de alerta para las autoridades. De manera a cumplir con la LRF a fina­les del año, el déficit fiscal mensual debería ser similar a lo observado entre agosto y diciembre del 2018.

La Ley de Responsabilidad Fiscal fue aprobada en octubre del 2013 con el fin de ordenar el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto público.

La misma fija un tope máximo para el déficit fiscal o al exceso del gasto público sobre los ingresos totales de la administra­ción central de hasta el equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto estimado para el año.

También determina que los salarios de funcionarios públicos solo pueden reajustarse al año siguiente de haber sido reajus­tado el salario mínimo para trabajadores del sector privado y como máximo hasta el mismo porcentaje de este reajuste.

Determina que los gastos corrientes no pueden experimentar un incremento superior al 4% más la inflación proyectada por el Banco Central del Paraguay de un año a otro comparativamente.