COMENTARIO

Por Fernando Filártiga, abogado

En edición del 28 de junio, este diario informó que a pedido del Ministerio de Hacienda, el Banco Mundial colaborará en un nuevo análisis actuarial de la caja fiscal.

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Esto coincide con las modificaciones al régimen jubilatorio de profesionales de la salud sancionadas en el Congreso Nacional y con proyectos de ley en estudio que plantean equiparar los haberes jubilatorios pagados por la caja a las remuneraciones de sus cotizantes activos, con base en una interpretación errónea de la Constitución (Art. 103).

Si en un ejercicio mental dividiéramos el concepto de justicia en una escalera de abstracción, el escalón aplicable en el campo de las jubilaciones sería el menos abstracto y más conectado al concepto de eficiencia. Conquistas aparentemente justas, pero no eficientes, pueden acabar perjudicando a los jubilados.

En el caso específico, la caja fiscal ya exhibe un desequilibrio financiero y continúa pagando porque los sectores superavitarios, y en alguna medida los contribuyentes, financian a los deficitarios.

Aunque de persistir la estructura actual, y si continúan aprobándose leyes que aumentan la presión financiera, llegará un momento donde el déficit neto de la caja (G. 281.438 millones al cierre de mayo del 2019) será del todo insostenible.

Tal sería el momento del pánico y de las leyes de emergencia, de las soluciones mágicas que no existen, o no alcanzan para todos, y terminan financiándose con recursos genuinos: tributos.

El problema es conocido y está cuantificado. También existen tanto proyecciones de la situación en el largo plazo, como borradores de modificaciones legales para fortalecer la caja. Ahora bien, las circunstancias cambiaron, en lugar de una reforma integral están sancionándose parches sectoriales y los cálculos disponibles han quedado desactualizados.

De allí la importancia del nuevo estudio actuarial como base de una reforma que asegure la sostenibilidad de la caja en el tiempo.

La cuestión jubilatoria es delicada. Lo es en nuestro país con su peculiar bono demográfico joven, como lo es en otros de la región que carecen de ese bono y hasta en países avanzados.

Y al ser un problema universal, las soluciones estructurales suelen coincidir sin perjuicio de los ajustes de detalle considerando tiempo, lugar y prioridades de política pública. Algunas de esas soluciones son la supervisión efectiva que en Paraguay pasa por la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, Pensiones y Afines en base a un modelo consensuado, y la regulación inteligente mediante leyes inspiradas en la lógica económica que se rompe cuando aumenta la presión sobre una caja ya deficitaria.

Los organismos multilaterales pueden corroborarlo como depositarios de experiencias en sistemas jubilatorios alrededor del mundo.

Hasta aquí los conceptos: el estudio actuarial nos dará números concretos de la situación y una base actualizada para la reforma integral que proyecta el Ministerio de Hacienda.

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