POR EUGENIO ARANDA, periodista, eugenio.aranda@gruponacion.com.py
La aprobación y promulgación de la ley que regula la jubilación para médicos, por parte del Congreso Nacional, volvió a instalar al sistema jubilatorio como cuestión de debate y preocupación. Este hecho obligó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a acelerar los trabajos para plantear a fin de este año una reforma de la caja fiscal, que según la directora de Estudios Económicos, Carmen Marín, apuntará (la reforma) principalmente a eliminar las iniquidades en cuestiones de beneficios otorgados de manera diferenciada a ciertos sectores, pese a un aporte unificado.
Ante esta problemática, que en caso de no ser intervenida se traducirá en una carga más para el Estado y deberá ser financiada con dinero de la ciudadanía; el diario La Nación convocó a una mesa de diálogo a dos entendidos en la materia, Carmen Marín, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, y Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del Seguro Social del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes brindaron un amplio panorama acerca de la situación actual de seguridad social en Paraguay. Ambos especialistas coincidieron que una de las salidas sería la implementación de una política pública de seguridad social en el país, que además de las cajas del sector público, también incluya a las cajas del sector privado, que hoy es el gran ausente en el debate, afirmaron. Marín, como representante de la cartera económica, encargada de la administración de la caja fiscal, lamentó los beneficios diferenciados de la jubilación otorgados en la caja fiscal a unos pocos sectores. Esto pese a que el aporte es homogénea (igual) para todos.
APORTE 16%
“En la caja fiscal, todos los sectores contribuyen al 16% sobre la remuneración imponible. Sin embargo, la forma de como se configura los beneficios son absolutamente diferentes entre los sectores. Por ejemplo, en el caso de los docentes (Magisterio Nacional) no tienen una condición mínima de edad para jubilarse, tienen solo una condición mínima de años de aporte. Con 25 años de aporte, un docente ya puede acceder a la jubilación, eso significa que, en promedio, un docente ya puede estar jubilado con 41 años de edad”, dijo.
Marín citó el caso de los funcionarios públicos, que para acceder a la jubilación ordinaria, tienen que tener como mínimo 62 años de edad. Por otro lado, están los policías y militares, que tampoco tienen una edad mínima de jubilación, estos pueden llevar el 100% del último salario percibido, cumpliendo con 30 años de aporte. “Ahí se configuran las diferencias que tiene un impacto importante en la sostenibilidad de la caja fiscal”, insistió la técnica de Hacienda.
Sobre el punto, Halley manifestó su preocupación respecto a la evolución que tuvo el sistema de seguridad social en Paraguay desde sus inicios hasta hoy, y culpó a las generaciones sociales de ser responsables de la creación de un modelo dispar, donde las instituciones que se crearon para proveer prestaciones económicas de pensiones y jubilaciones se manejan en forma anárquica por la falta de una entidad rectora.
“El Estado está ausente en esto desde siempre. Recién hace unos años se creó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; después de casi 100 años de crearse la caja fiscal, se creó el Ministerio del Trabajo, con una estructura aún débil en la materia”, agregó. El profesional mencionó que hoy es el momento en el que, tanto la caja fiscal, el IPS y las demás cajas del sector público y privado deben participar en el diseño de una política de seguridad social. “Necesitamos que sea una política pública pero que aterrice en el diseño de un sistema que mire hacia adelante, en la realidad que se viene, en término de envejecimiento poblacional, en bono demográfico, en cuestiones demográficas; que se miren las bioestadísticas, las tasas de natalidad y mortalidad. La sociedad cambió, sin embargo, seguimos anclados a un modelo político del año 1950”, sugirió Halley.
También recomendó de que el Paraguay debe evitar hacer una reforma sobre la hora, en el umbral de la crisis, como lo hizo Nicaragua, que le generó hasta una crisis política el intento de financiar la seguridad social nicaragüense cuando ya estaban en una crisis.
ESTAMOS A TIEMPO
“Estamos aún a tiempo. La caja fiscal, viendo desde afuera, particularmente no estoy de acuerdo en tanta asimetría entre sus programas, eso no está bien. Hay un esfuerzo contributivo, hay una persona llamada maestro, funcionario público, militar, docente universitarios; que contribuye el 16% de su salario, pero ese esfuerzo contributivo que ya está homogeneizado, se fragmenta en beneficios heterogéneo, y eso no está bien, no está correcto que haya jubilados de primera, de segunda y de tercera”, indicó.
De acuerdo a los datos de Hacienda, la caja fiscal, tras la aprobación y promulgación de la ley que regula la jubilación para médicos, corre el riesgo de utilizar todos sus recursos excedentes (cerca de US$ 900 millones) cubriendo el desequilibrio fiscal que se genera por las indiferencias en el beneficio jubilatorio otorgado a ciertos sectores. Esto podría llegar a darse, en caso de que no se de la reforma, en el 2027 aproximadamente, según los técnicos. Si llega a pasar, el Estado deberá hacerse cargo de una inmensa carga (pagar las jubilaciones) que finalmente será finanaciada con recursos de la ciudadanía, es decir, provenientes del cobro de impuestos. Desde enero a mayo del 2019, la caja fiscal ya acumuló un déficit (mayor gasto que ingresos) de G. 281.438 millones, que fue generado por tres cajas en específicas, la de maestros (-G. 117.279 millones), la de policías (-G. 152.234 millones) y la de militares (G. 205.031 millones), señala Hacienda.