La Subsecretaría de Estado de Tributa­ción (SET) rechazó el pedido realizado por los gre­mios de contadores y super­mercadistas para reprogra­mar el plazo de vencimiento para la presentación de las declaraciones informativas de los estados financieros.

Mediante una nota, la SET respondió que “la adminis­tración tributaria no encon­tró méritos suficientes ni razones objetivas de hecho, ni de derecho para reprogramar el vencimiento de los estados financieros. Por lo tanto, se mantiene para este mes de abril del 2019, conforme al calendario de declaraciones juradas informativas”.

Ante esta negativa, el sector contable salió a reclamar la respuesta de la institución y acusaron al viceministro de la SET, Fabián Domínguez, de usar sus facultades para imponer cargas excesivas de imposible cumplimento de manera a generar multas y beneficiar a una pequeña minoría.

Los profesionales mencionan que a las autoridades les con­viene aplicar multas debido a que el dinero ingresado en ese concepto (multas) es repar­tido entre los funcionarios conforme a una normativa expedida durante la adminis­tración de la ex viceministra Marta González Ayala.

A través de su cuenta de Twi­tter, la presidenta del movi­miento Resistencia Contable del Paraguay (RCP), Lilian Torres, reclamó al vicemi­nistro Domínguez por haber prometido exonerar las mul­tas por la presentación tardía de las declaraciones informa­tivas, los estados financieros y de auditoría, que finalmente no fue cumplido por el sub­secretario.

Mencionó en su publicación que si el 50% de los más de 400.000 contribuyentes del Iracis no presenta sus estados financieros, se estaría recau­dando unos US$ 17.000.000 por multas, que sería fruto de una sobrecarga adminis­trativa de imposible cumpli­miento.

Además de la repro­gramación del plazo para los estados financieros, los con­tadores también habían solici­tado modificar el plazo para la presentación de las auditorías, que finalmente sí fue aceptada por la SET. La petición de los profesionales, a la que también se sumaron los empresarios, fue la de pasar de abril a mayo el plazo de los estados finan­cieros, mientras que de mayo a junio de las auditorías.