La Cámara Paraguaya de la Industria Cerá­mica (CPIC) acusó al Gobierno de destruir la indus­tria y el empleo nacional, ya que denunció ayer ante los medios de comunicación, el incumplimiento de la Ley 6.258/2018 del presupuesto, que en su versión PGN 2019 el artículo 159° dice: “Los con­tratos de obras para la cons­trucción de nuevas viviendas sociales y edificios públicos en general, deberán ser ejecuta­dos con insumos y materiales de fabricación nacional, prefe­rentemente producidos en el departamento o distrito donde se lleve a cabo las obras”.

Motivo por el cual, harán llegar hasta el presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez, y varios de sus ministros, una nota que señala que el mismo había prometido en su cam­paña, de forma pública en la ciudad de Tobatí, que su Gobierno se enfocaría en utilizar material cerámico nacional en la totalidad de las obras realizadas en su periodo, manifestó el presidente de la CPIC, Ricardo Maluff.

“Nosotros consideramos que en base al PGN 2019, la Ley 4558/11 y la Constitución, es que exigimos la utilización de materiales cerámicos en pisos, paredes y techos en las obras del Ministerio de Edu­cación y Ciencias, Ministerio de Salud y Bienestar Social, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministe­rio de Obras Públicas, enti­dades binacionales y demás organismos y entidades del Estado”, señaló.

Los representantes solicita­ron al ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, una audiencia en dos opor­tunidades a finales del año anterior y principios de este año de forma conjunta con la comunidad educativa, así mismo fue reiterado al minis­tro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Reiteramos el pedido de firma de compromiso y cum­plimiento de lo acordado en audiencia del 13 de diciem­bre del 2018, entre la CPIC y la Unión de Ceramistas de Tobatí”, añadió.

Por lo tanto, el gremio alega que el cumplimento de tales compromisos, contribuirán a la anhelada e imperante reacti­vación de la economía de todos los sectores del país, ya que el sector cerámico es un motor dinamizador, y vistas tales violaciones constitucionales y legales, se reservan el dere­cho de judicializar las licitacio­nes realizadas por los ministe­rios citados.