Desde el Ministerio de Hacienda es rechazada la justificación planteada por la Secretaría de la Función Pública, que a través de un dictamen de su Asesoría Técnica Jurídica, avala la legalidad del aumentazo salarial concedido por el Congreso Nacional a funcionarios mediante la recategorización.
En el dictamen, la Función Pública menciona que “teniendo en cuenta el decreto laboral vigente, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el mismo prima sobre todos los trámites administrativos (procedimiento concursal) y otros, los cuales obligan a la institución, no al funcionario, por lo cual, no se podría dejar de asignar las categorías conforme al anexo”.
El ministro de Hacienda, Benigno López, respondió a la prensa ayer de que la Función Pública hoy es parte del proceso de investigación, ya que también está dentro de la lista de las instituciones con personas beneficiadas con el incremento salarial. “No van a decir luego que está mal”, dijo López.
Hacienda, que hasta el momento tuvo dos posturas en esta historia, la del rechazo y la de aceptar la débil justificación de la Comisión Bicameral de Presupuesto, busca mecanismos para poder revertir la situación y cumplir con su rol de administrador del Estado.
En los últimos días, luego de las fuertes críticas recibidas por aceptar la débil y burlona explicación dada por Arnaldo Samaniego, representante de la Comisión Bicameral, el ministro volvió a adoptar su postura inicial y a criticar la manera en que fue concedido el aumento salarial, violando la Ley de la Función Pública. Insiste que para ser recategorizado, se debe pasar por un proceso de evalúo y concursar, tal como lo exige la Ley de la Función Pública.
Como consecuencia de las duras críticas, López exigió a los Organismos y Entidades de Estado, vía Resolución 130, proveer la nómina detallada de los beneficiados con la suba salarial, además de las respectivas documentaciones que avalen la recategorización.
El plazo venció jurídicamente ayer a las 9:00. Según Hacienda, sólo 18 de las 36 entes acataron la norma. De estas, 7 entidades poseen justificativos para su accionar. Hacienda comunicó que seguirá esperando el reporte de las faltantes, pero recordando a las mismas la potestad que posee el fisco para actuar de oficio en busca de subsanar la situación.