La Unión de Gremios de la Producción (UGP) informó que el sector agrícola considera que elimpuesto a la exportación de soja debe ser analizado por técnicosprofesionales, ya que el gravamen podría afectar a toda la cadenaagrícola, desde los agricultores, las industrias, camioneros, tamberos y demás. Dionicio Hildebrand, directivo de la CoordinadoraAgrícola del Paraguay (CAP), explicó que todos los impuestos deben ser sobre la ganancia. El gravamen que se pretende aplicar loúnico que hará es acabar con la actividad que más ingresos transparentes genera, que es la agricultura, destacó.
Comentó que existe una cooperación entre productores de distintas escalas; los grandes ayudan alos pequeños dándoles herramientas y técnicas para quepuedan trabajar y cosechar con éxito y buenos rendimientos, sinembargo, al subir el impuesto esto no se podrá mantener, ya que no será negocio si se pierde la ganancia.
Hildebrand instó a las autoridades a analizar todas las posibles variables antes de asumir un gravamen a la exportación. Expresó que se debe conversar con todos loseslabones de la cadena productiva; porque esto no solo va a afectar al productor, sino a todos los que trabajan de forma directa e indirecta en el campo, desde los empleados de fincas hasta camioneros, gomeros, estaciones de servicios, a aquellos que están en los tambos y en la cría de ganado menor.
Por su parte, el agricultor Aurio Frighetto, dirigente de la CAP en Alto Paraná, expresó que, además de estudiar mejor el proyecto, las autoridades hagan unrecorrido por el campo para sondear y ver la situación real de los agricultores. “Si realmente son conscientes y quieren hacer bien las cosas deben recorrer el interior del país,porque estoy seguro que muchos de los que están a favor delimpuesto no tienen noción del trabajo de campo y de lo quesignifica la cadena agrícola”, remató.
La Cámara de Senadores acordó que el proyecto de creación de impuesto a la exportación de granos regrese a comisión para consensuar una posición y tratar la propuesta en marzo del 2019. Esta postergación busca cumplir lo establecido con el Ejecutivo de estudiar una reforma integral impositiva.