En cumplimiento de la Ley de Financiamiento Político, que será implementada por primera vez en Paraguay en los próximos comicios, el 98% de los candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) presentó la declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC) ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la primera etapa.

Al respecto, el director de la Unidad Técnica de Financiamiento Político, el abogado Daniel Echagüe, manifestó que el 98% de los candidatos de la ANR presentó la declaración jurada, dentro de ese monto el 41% indicó que tiene algún tipo de financiación ya sea que recibió algún aporte, donación, ahorro, mientras que el 59% del partido no presentó algún tipo de financiación.

En tanto que en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el 91% de sus candidatos a cargos electivos presentó la declaración de sus ingresos, de los cuales solo 28% indicó que tiene algún tipo de ingresos y el 72% no remitió a la institución electoral los datos de ingresos solicitados.

En cuanto al Partido Encuentro Nacional (PEN), el 92% de los aspirantes remitió la declaración de sus ingresos, de los cuales el 10% presentó las informaciones respecto a su financiación y el 90% no justificó su fuente de ingreso.

Lo mismo aconteció con el Partido Patria Querida (PPQ), cuyos legisladores fueron los principales proponentes de la norma. Al respecto, el 97% de sus candidatos presentó la declaración de ingresos, mientras que solo 2 personas justificaron el origen del dinero a ser utilizado en las elecciones, el resto sostuvo no contar con ningún tipo de ingresos.

El Partido Hagamos, el 100% de sus aspirantes cumplió con la presentación de la declaración de ingresos, pero con financiación solo un candidato detalló contar con recursos, mientras que el restante justificó colocando un 0.

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Finalmente en el Partido Democrático Progresista (PDP), el 99% cumplió con remitir la declaración de ingresos, solo 7 candidatos justificaron el origen del dinero, mientras que el 93% no detalló la información requerida por el TSJE.

“Durante el periodo de campaña sí pueden recibir ingresos y eso se reflejará en su rendición de cuentas. Después de la rendición podrán colocar que recibieron algún tipo de financiación. Los datos son públicos desde el pasado 20 de marzo. Esto es una declaración inicial, pero luego en su rendición de cuenta ya no podrán colocar como monto cero, ya que hicieron campaña”, indicó Echagüe.

Finalmente comentó que si bien la “ley es complicada” en su aplicación, se logró contar con un amplio porcentaje de cumplimiento.

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La ley busca controlar los ingresos de los diversos candidatos políticos mediante rendición de cuentas de ingresos y gastos de su campaña, buscando evitar dinero de dudosa procedencia. Ahora los candidatos se encuentran obligados a presentar rendición de cuentas antes y después de sus campañas.

La norma establece la creación del departamento de prevención del lavado de dinero en el TSJE y la sanción de 10 años sin poder candidatarse al aspirante que no cumpla con la ley. Además se incluye a la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Seprelad en el sistema de financiamiento político.

Paraguay se encuentra entre los gobiernos más avanzados en la materia que han destapado sus cartas anunciando millonarios proyectos a través de APP.

Las Asociaciones Público Privadas (APP) no están por fuera de la cuenta de cobro que la pandemia le está pasando a la economía. Como la mayoría de sectores y empresas, no estaban preparados en materia normativa, operativa y financiera para enfrentar condiciones tan extremas como la reducción de la demanda del tráfico de pasajeros y vehículos, la falta de materias primas, insumos, mano de obra y equipos que están retrasando la ejecución de los proyectos.

La buena noticia es que tanto los gobiernos como los empresarios y los multilaterales están trabajando en solventar la situación, según destacan desde la CAF. “Estos impactos se pueden mitigar con resultados modestos a través de cláusulas de fuerza mayor y compensación, utilizando financiamiento “puente”, inyecciones de capital, renegociación de parámetros claves del proyecto y la introducción de flexibilidad en las regulaciones sobre indicadores de desempeño, entre otras medidas”, sostiene en un análisis Imad N. Fakhoury, director del Departamento de Prácticas Mundiales de Infraestructura, APP y Garantías del Banco Mundial.

Resolver los conflictos y garantizar estabilidad jurídica es clave para que los países de América Latina puedan atraer a los inversionistas privados y de esta manera cumplir con sus planes de reactivación económica sin comprometer más sus déficits fiscales. Los gobiernos más avanzados en la materia ya han destapado sus cartas anunciando millonarios proyectos a través de APP, entre los que están: Brasil (USD 45.000 millones); México (USD 14.000 millones); Chile (USD.8.600); Colombia (USD 5.000 millones); Paraguay (USD 1.800 millones) y Panamá (USD 1.500 millones).

Hay proyectos para todos los sectores: autopistas interurbanas; metros, trenes, puertos, buses articulados (BRT) e infraestructura social, incluyendo hospitales, clínicas y escuelas, aunque por las necesidades de accesibilidad y conexión física en la región el protagonista sigue siendo la infraestructura vial.

Según un informe de CAF -banco de desarrollo de América Latina- el 90% del transporte de la región se realiza por carreteras; además, se estima que cada dólar invertido en este tipo de infraestructura genera un incremento de 0,2% en el PIB anual en el largo plazo, lo cual representa un retorno económico del 20%, y contribuye tres veces más al crecimiento que la inversión en otros modos de transporte (puertos, aeropuertos, ferrocarriles).

“El entorno económico favorece el desarrollo de proyectos bajo distintas modalidades de APP y, pese al deterioro de las condiciones fiscales y el aumento del riesgo de muchos países de la región, se mantiene una ventana para acceder a financiamiento en el mercado internacional. El papel de las agencias financieras multilaterales, como IDB Invest, IFC, CAF y CIFI, entre otras, toma más relevancia que antes, tanto por sus roles como catalizadores del riesgo financiero como por su capacidad de asistencia técnica”, sostiene Raúl Ferro, en un reporte de BNAmericas.

Las decisiones de las grandes empresas multinacionales junto con sus pares locales para conformar los consorcios y el respaldo que requieren del sistema financiero, también dependen de qué países ofrecen mejor institucionalidad. La atracción de inversores, el equilibrio de riesgos, la utilidad para la sociedad, y la alineación de los intereses público y privado son algunos de los ítems que también deberán tener en cuenta las autoridades.

“Sin inversores no hay APP, y en un mercado global atraer inversores requiere comunicar eficientemente, proponer inversiones razonables y suficientemente rentables para demostrar capacidad y competencia como Administración Pública. Eso requiere capacitar adecuadamente a los entes públicos, preparar muy bien los proyectos y gastar dinero en promocionarlos, y en ese sentido el ejemplo de Colombia es paradigmático en la región”, explica Mónica López, en una publicación de CAF.

“Vísteme despacio que estoy de prisa”. Esta frase de Napoleón Bonaparte es la mejor recomendación para los gobiernos a la hora de estructurar, licitar y adjudicar proyectos para evitar retrasos en la ejecución de los mismos. En línea con lo anterior, se prevé que este año sea el de adjudicaciones para los países que logren atraer primero a los inversores y así empezar a ver movimientos de palas y obras. Se estima que su impacto en la economía será a partir de 2022.

El Banco Central del Paraguay realizó recientemente una capacitación acerca de los lineamientos contenidos en la nueva Guía de Supervisión con enfoque basado en riesgo publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La misma fue dictada por el consultor internacional Alejandro Montesdeoca y estuvo dirigida exclusivamente a supervisores del sistema financiero. De esta manera, se busca brindar una mejor comprensión acerca de los puntos esenciales que implica una supervisión con enfoque basado en riesgo, cuestión fundamental a tener en cuenta entre las acciones que contribuyan a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre los temas relevantes, el instructor Montesdeoca señaló la importancia de esta herramienta y denotó la utilidad de la misma para los países de la región y sus autoridades supervisoras.

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Se abordaron temas relacionados al entendimiento de los riesgos, la supervisión, las estrategias diseñadas y los planes de acción que la materializan.

Montesdeoca explicó que la guía cuenta con nuevos elementos que se suman a los documentos y guías anteriores ya emitidas por la misma organización. Por ejemplo, incluye el enfoque hacia la inclusión financiera.

Asimismo, explicó que el documento se divide en tres partes principales: la primera se enfoca en la orientación de alto nivel sobre supervisión basada en riesgos, la segunda brinda un panorama de estrategias para abordar los desafíos comunes en la supervisión basada en riesgos y presenta ejemplos jurisdiccionales, y en el tercer capítulo se encuentran las experiencias de los demás países.

Si bien el GAFI no apoya marcos específicos o únicos, ya que los mismos –tal como lo señaló el instructor– deben ser diseñados y construidos según la particularidad del país o sector, y tomando en cuenta el contexto y la realidad propia, la Guía publicada ofrece criterios, herramientas y experiencias vitales como insumos para delinear y gestionar un esquema coherente y eficiente de supervisión, basados en riesgo, y acordes a los estándares internacionales.

El evento contó con la participación de 75 personas, supervisores nacionales de distintas instituciones nacionales: Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Seprelad, Comisión Nacional de Valores, Conajzar, Poder Judicial (Delitos Económicos), entre otros.

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